Soberanía legislativa vs. certeza económica: Los argumentos jurídicos que tensionaron los alegatos de la megarreforma ante el TC
El pleno de la magistratura escuchó posturas contrapuestas sobre si es legítimo limitar las atribuciones de futuros gobiernos para atraer capitales.
Los argumentos jurídicos que tensionaron los alegatos de la megarreforma ante el TC
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El Tribunal Constitucional (TC) se convirtió en el escenario de un crucial “cara a cara” jurídico entre los representantes de la oposición y del Gobierno. En una extensa sesión legislativa que comenzó a las 9:30 de la mañana, el pleno del organismo escuchó los alegatos referentes a los tres requerimientos de inconstitucionalidad ingresados contra la ley de reconstrucción nacional, conocida ampliamente como la megarreforma
La discusión, que mantuvo expectante al mundo político y empresarial, se concentró en desmenuzar los argumentos técnicos de las normas impugnadas, las cuales abordan materias de invariabilidad tributaria y regulaciones medioambientales.
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El primer gran flanco de debate estuvo a cargo del abogado Jorge Correa Sutil, representante de los senadores de oposición, quien centró su exposición en cuestionar la constitucionalidad de las cláusulas de invariabilidad tributaria contenidas en el proyecto.
Según expuso el jurista, el Congreso Nacional no posee las facultades para limitar las atribuciones de futuras administraciones o legislaturas en materia de impuestos. En sus palabras ante el pleno, Correa Sutil fue categórico al señalar que “los artículos 29 y 38 son contrarios a la República Democrática y que por lo tanto deben ser invalidados”.
El debate sobre el impacto ambiental y las compensaciones
La segunda impugnación de la oposición fue sostenida por la abogada Melissa Mallega, quien concentró sus argumentos en las compensaciones medioambientales asociadas a las demoras en las tramitaciones de proyectos. Mallega advirtió que la fórmula propuesta por el Ejecutivo no resuelve el problema de fondo, que son los extensos plazos de evaluación ambiental, sino que simplemente “traslada el costo económico de esas demoras desde los privados hacia el Estado”.
Asimismo, denunció que la norma incentiva la ejecución apresurada de obras antes de que los tribunales resuelvan su legalidad, sosteniendo que “con esto se está incentivando a ejecutar obras que muchas veces van a conllevar incluso daños irreparables”.
Frente a la arremetida opositora, la defensa del Ejecutivo fue liderada por el abogado Arturo Fermandois. El jurista solicitó al tribunal rechazar de plano los requerimientos, apelando a la “deferencia que debe tener el tribunal frente a las decisiones adoptadas por el Congreso”.
En su argumentación, recalcó que el Parlamento actuó estrictamente dentro de sus atribuciones constitucionales y que la megarreforma persigue un fin económico de la mayor urgencia: entregar certezas a los inversionistas y revertir años de caída sostenida en la inversión extranjera.
AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete
La soberanía del Estado y los compromisos a largo plazo
Fermandois descartó tajantemente que el proyecto signifique congelar la soberanía tributaria del Estado chileno, planteando que es perfectamente legítimo que una democracia asuma compromisos de largo aliento para atraer capitales.
El defensor del Gobierno fustigó las advertencias de la oposición calificándolas de meras especulaciones: “Toda esta mañana hemos escuchado amenazas, hipótesis y vaticinios y conjeturas futuras de qué ocurriría con esta ley. No lo vemos, señores, porque el planteamiento que subyace al requerimiento del Senado y de la Cámara, especialmente en materia de invariabilidad, es uno muy curioso. Una democracia no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo a través de ley”.
La jornada judicial continuó con la intervención de la abogada representante del Senado, dando paso a la fase de deliberación interna de las ministras y ministros del Tribunal Constitucional.
El tribunal dispone de un plazo legal inmediato que vence este domingo, aunque este puede ser prorrogable por diez días adicionales de corridos. Solo una vez que exista un acuerdo formal entre los integrantes de la magistratura se dará a conocer públicamente la resolución final que definirá el destino constitucional de la megarreforma.
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