La trastienda de un ataque fallido: Cómo se desbarató el plan de “Los Gallegos” para explotar el Tribunal de Arica y fugarse del penal de Acha

En noviembre de 2024, las declaraciones de un testigo con identidad reservada abrieron una rendija hacia los pasillos más oscuros del Módulo de Alta Seguridad del Complejo Penitenciario de Acha, en Arica.

Lo que se gestaba dentro de los muros no era una simple protesta, sino una operación fría y calculada para golpear el corazón del sistema judicial del norte de Chile.

Desde sus celdas, reclusos vinculados a las sanguinarias bandas de “Los Gallegos” y el “Tren del Coro” tejían una red de comunicaciones invisibles. A través de pequeñas notas manuscritas conocidas en el argot carcelario como “palomas”, llamadas furtivas con teléfonos celulares de contrabando y enlaces con el exterior, los reos coordinaban una ofensiva sin precedentes: conseguir vehículos, reclutar ejecutores en las calles y armar artefactos explosivos.

El objetivo era tan claro como estremecedor. Buscaban instalar un coche bomba frente al edificio que alberga al Juzgado de Garantía y al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica.

Querían infundir un terror absoluto en jueces, fiscales y funcionarios, apretando el cuello del sistema para influir en los procesos judiciales que acorralaban a sus miembros. La amenaza no era abstracta; venía acompañada de amedrentamientos directos contra magistrados e instrucciones precisas de cabecillas que seguían atentamente las alternativas del juicio al “Tren del Norte”.

En paralelo, las sombras del penal de Acha preparaban una vía de escape. Mientras imaginaban el retumbo de la detonación en el tribunal, confeccionaban cuerdas artesanales, conseguían llaves de esposas y estudiaban las vulnerabilidades de la guardia para concretar una fuga masiva.

El engranaje, sin embargo, comenzó a destrozarse cuando Gendarmería interceptó uno de los teléfonos clave. Los mensajes decodificados por los investigadores confirmaron las sospechas más sombrías: el vehículo bomba y el uso de explosivos no solo apuntaban a la sede judicial, sino también al propio recinto penitenciario.

La alerta no era aislada; ya en marzo del año siguiente, en el Centro de Detención Preventiva del Biobío, miembros de “Los Gallegos” intentarían replicar la misma fórmula con explosivos para abrirse paso hacia la libertad.

Esta semana, la trama criminal sumó un capítulo final en los tribunales que pretendieron destruir. En un procedimiento abreviado dentro de la causa, el magistrado Juan Araya Contreras, del Juzgado de Garantía de Arica, condenó a Willmer García Malafito y William Isaac Celas Garrido a 301 días de presidio efectivo.

Hallados culpables de conspirar para colocar artefactos explosivos y atentar contra la vida de autoridades judiciales, ambos sujetos escucharon su sentencia antes de que el juez firmara la orden de ingreso definitivo a la cárcel en calidad de rematados, luego de que las partes renunciaran a todo plazo de apelación.