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Fraude con licencias médicas sigue golpeando a Chile: estiman que 30% del gasto corresponde a casos irregulares

Expertos valoran la caída, pero advierten que los casos irregulares continúan drenando recursos del sistema de salud.

Abuso de licencias médicas

Abuso de licencias médicas / Cristofer Devia/ Uno noticias

La emisión de licencias médicas de origen común registró una fuerte caída durante los primeros meses de 2026.

Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), entre enero y mayo se cursaron 2.401.432 documentos, lo que representa una disminución de 22% respecto del mismo período del año pasado, equivalente a cerca de 688 mil licencias menos. Solo en mayo fueron emitidas 550.992, un 23% menos que en igual mes de 2025.

La tendencia podría mantenerse durante el resto del año. La Suseso proyecta que 2026 terminará con entre 5,8 y 6,5 millones de licencias, entre 577 mil y 1,21 millones menos que en 2025. Esto podría traducirse en un ahorro de entre $258 millones y $548 millones en subsidios por incapacidad laboral.

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Advierten que caída de licencias no significa que el fraude esté resuelto

Desde ALTO Inmune valoraron las cifras, pero advirtieron que la reducción debe analizarse con cautela, especialmente tras recientes casos judicializados por emisión irregular de licencias. Su gerente legal, Rodrigo Varela, sostuvo que “este veredicto es un hito, pero sería ingenuo pensar que el problema quedó resuelto” y agregó que siguen apareciendo nuevas modalidades para vulnerar los controles del sistema sanitario.

Según la entidad, alrededor de un 30% del gasto asociado a licencias médicas correspondería a casos irregulares. Varela calificó este fenómeno como “una sangría permanente de recursos que el sistema de salud no puede seguir tolerando”. El documento entregado, sin embargo, presenta cifras distintas respecto del monto monetario exacto involucrado, por lo que el porcentaje es el dato consistente utilizado para dimensionar el fenómeno.

ALTO Inmune atribuye parte de la disminución observada a una mayor fiscalización y al efecto disuasivo de investigaciones judiciales, pero plantea que cualquier ahorro proyectado dependerá de mantener los controles. La organización apunta a fortalecer la fiscalización tecnológica, detectar nuevas modalidades de engaño y profundizar la persecución judicial.

“La lucha no termina hoy; hoy se refuerza”, concluyó Varela, quien llamó a mantener la coordinación entre instituciones públicas y privadas, junto con informar a la ciudadanía sobre el impacto que este tipo de fraude genera sobre los recursos disponibles para el sistema de salud.

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