Encuesta Cadem revela amplio respaldo a la ACOT: 88% apoya subir penas a quienes recluten menores
La medición muestra amplio apoyo a las principales medidas del programa, aunque el nuevo estado de excepción genera mayor división entre los encuestados.
07 DE AGOSTO 2026 / MACUL El ministro de seguridad publica, Martin Arrau, es fotografiado reuniendose con los 175 Efectivos policiales de distintos departamentos de Carabineros de Chile y de Policia de Investigaciones que se preparan para realizar un mega operativo en el marco de un despliegue nacional. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
La última encuesta Plaza Pública Cadem mostró un alto respaldo ciudadano a las principales medidas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno, aunque existe mayor división respecto de aquellas que contemplan restricciones a las libertades.
La ACOT fue presentada por el Presidente José Antonio Kast como una de las principales iniciativas de seguridad de su administración. El plan contempla más de 30 proyectos de ley para fortalecer la persecución penal y enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.
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Entre las medidas con mayor apoyo aparece aumentar las penas para quienes recluten menores para cometer delitos, con un 88% de respaldo. Le siguen mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos, con 84%, y agravar las penas para quienes pertenezcan a organizaciones criminales, con 82%.
Amplio consenso
También existe un amplio respaldo a establecer en la Constitución que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado, con 79%.
En cambio, la creación de un nuevo estado de excepción divide más a los encuestados: 49% está de acuerdo y 44% en desacuerdo. Dentro de sus medidas, 76% apoya que las FF.AA. apoyen a Carabineros contra el crimen organizado y 70% respalda interceptar telecomunicaciones.
El apoyo baja frente a las restricciones de libertades: 49% avala limitar temporalmente la libertad de tránsito y 41% la libertad de reunión en determinados sectores.
Los resultados muestran así que la agenda de seguridad genera amplio consenso cuando apunta a endurecer la persecución criminal, pero pierde respaldo cuando implica limitar libertades civiles.
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