WhatsApp, piezas 3D y envíos por encomienda: así operaba la red de armas integrada por un militar y una carabinera

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para 56 personas acusadas de integrar una asociación criminal dedicada al tráfico ilegal de armas, que coordinaba sus operaciones mediante grupos privados de Telegram y WhatsApp.

La formalización se extendió desde el viernes 17 de julio hasta el miércoles 5 de agosto. La magistrada Marylin Neira Mendoza también ordenó arresto domiciliario total para otros dos imputados, mientras que un menor de edad quedó con arresto domiciliario nocturno y bajo la supervisión del Servicio de Reinserción Social Juvenil.

La investigación comenzó durante 2024 como parte del Foco Penitenciario de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Los sospechosos fueron detenidos durante un megaoperativo realizado por la PDI el pasado 15 de julio en 12 regiones del país, mientras que siete de ellos ya estaban privados de libertad por otras causas.

Según el Ministerio Público, la organización se encontraba operativa desde al menos octubre de 2024 y utilizaba plataformas digitales para coordinar la fabricación, venta y distribución de armas de fuego, municiones, explosivos, pirotecnia y piezas elaboradas mediante impresión 3D.

Entre los formalizados figuran una funcionaria de Carabineros, quien presuntamente entregaba información para decidir quién podía ingresar a los grupos de venta, y un integrante del Ejército, vinculado a la comercialización de armas. La estructura también contaba con administradores, armeros, operadores logísticos y encargados de gestionar los pagos.

La Fiscalía documentó múltiples operaciones realizadas entre 2025 y 2026 mediante encomiendas, utilizando agentes encubiertos, vigilancias e interceptaciones de envíos. El tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días.