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Cheque cobrado por caja y arriendo de una sede: así son las operaciones del Partido de la Gente que investiga la Fiscalía

El Servel denunció movimientos financieros sin respaldo, contrataciones con sociedades vinculadas a un exadministrador y el pago de una sede cuya existencia es desconocida por integrantes del partido.

Cheque cobrado por caja y arriendo de una sede: así son las operaciones del Partido de la Gente que investiga la Fiscalía

La Fiscalía Centro Norte investiga una serie de inconsistencias detectadas en las rendiciones de gastos del Partido de la Gente (PDG) correspondientes a los años 2023 y 2024, luego de una denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel).

Los antecedentes fueron advertidos por la División de Fiscalización del organismo, que identificó movimientos bancarios cuyo destino no pudo ser acreditado, pagos de arriendos sin respaldo y contrataciones sobre las cuales el partido no entregó información suficiente, según reportaron La Segunda y Canal 13.

Parte de los cuestionamientos se concentra en la gestión del exadministrador general de fondos del PDG, Miguel Azar. Entre las operaciones bajo revisión figuran contrataciones de servicios con sociedades presuntamente vinculadas a él y otros desembolsos que requieren ser esclarecidos.

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Uno de los casos mencionados por el Servel corresponde a un cheque emitido a nombre de Azar y cobrado directamente por caja. Sin embargo, la documentación entregada por la colectividad no permitió establecer qué ocurrió con el dinero. “Los antecedentes presentados no demostraron el pago de las operaciones que se pretendían justificar”, señala la denuncia.

También se indaga el pago del arriendo de un inmueble que habría sido utilizado para el funcionamiento del partido, pese a que integrantes de la colectividad aseguran desconocer la existencia de una sede. “Nosotros no tenemos sede, hasta donde tengo entendido”, declaró la diputada Zandra Parisi.

Ahora será la Fiscalía Centro Norte la encargada de analizar las operaciones y reunir nuevos antecedentes para determinar si las inconsistencias advertidas por el Servel pueden constituir delitos y establecer eventuales responsabilidades.

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