Lo que comenzó con los reclamos de varias trabajadoras de la Municipalidad de Huechuraba terminó revelando un delito mucho más grave. Las funcionarias advirtieron que algunos de sus archivos privados habían sido revisados y sustraídos sin autorización.

Las sospechas apuntaron hacia un informático del municipio, quien tenía acceso a los computadores fiscales para realizar actualizaciones, reparaciones y mantenciones. Frente a estos antecedentes, la municipalidad presentó una denuncia y la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI comenzó las diligencias.

“Esta investigación nace de una denuncia por parte de la municipalidad por el delito de acceso ilícito”, explicó el comisario Alan Constela a La Tercera. Según detalló, el hombre habría aprovechado sus conocimientos tecnológicos para sustraer archivos personales, principalmente de mujeres.

Como parte de la investigación, los detectives incautaron el computador que utilizaba el funcionario en dependencias municipales. Al revisar el equipo no solo encontraron documentos pertenecientes a las trabajadoras: también descubrieron 113 fotografías con material de abuso sexual infantil.

La detención

El hallazgo fue informado a la Fiscalía Centro Norte. Además, los investigadores establecieron que el imputado habría vinculado su correo electrónico a la descarga de este contenido en, al menos, dos ocasiones.

Con esos antecedentes, se gestionó una orden de detención contra el hombre, un chileno de 36 años sin antecedentes policiales, junto con la autorización para registrar su domicilio. Durante el allanamiento fueron incautados tres teléfonos celulares, un notebook, un CPU y siete discos duros.

Todos los dispositivos fueron enviados al Departamento Forense Digital de la PDI para determinar si contienen más archivos. Posteriormente, la Fiscalía Centro Norte formalizó al imputado por almacenamiento y adquisición de material pornográfico infantil.

El tribunal decretó la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente ante Carabineros. La investigación tendrá un plazo de 200 días, periodo en el que se buscará establecer si el sujeto almacenaba más contenido de estas características en los equipos incautados.