“La justicia que tarda no es justicia”: Las razones del Ejecutivo para modificar el reglamento de la Ley Karin
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que se están preparando modificaciones reglamentarias para agilizar los procesos y canalizar de forma correcta las denuncias.
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A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el Gobierno se prepara para realizar una serie de ajustes a su reglamento con el objetivo de optimizar su aplicación e impedir el colapso de las instituciones fiscalizadoras.
Así lo confirmó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien reconoció abiertamente las dificultades operativas que ha enfrentado la normativa desde su implementación.
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“No es un misterio que la implementación de la ley ha tenido un alto número de denuncias y tiene saturada a la Dirección del Trabajo”, sostuvo la autoridad.
Respecto a la naturaleza de los cambios, el secretario de Estado aclaró que, si bien a nivel reglamentario no es posible apartarse del marco legal original, sí se implementarán medidas concretas para orientar de mejor manera los requerimientos de los trabajadores.
Según explicó Rau, una gran parte de los casos ingresados no corresponden a las conductas tipificadas por la Ley Karin.
“Un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tienen que ver con la ley, tienen que ver más con clima laboral u otro tipo de cosas. Esas denuncias se pueden canalizar por otro canal. Entonces hay un cambio en el tema de orientación de las denuncias para que tengan una resolución eficaz”, puntualizó.
Reducción de tiempos de espera y foco en la prevención
Otro de los ejes centrales de la modificación busca reducir los extensos plazos de respuesta que actualmente registra el sistema, los cuales llegan a extenderse entre ocho y diez meses.
“Nos estamos demorando a veces ocho, nueve o diez meses en poder responder, y la idea es llegar mucho más a tiempo. La justicia cuando tarda no es justicia. Es muy importante este nuevo reglamento para poder, sobre todo, prevenir”, manifestó el ministro.
Las propuestas de modificación se han elaborado mediante mesas de trabajo tripartitas, en las que han participado representantes del sector público, sindicatos, empresas, mutuales de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Carlos Vial Espantoso.