Fiscalía detalla las víctimas del Caso Sartor: sobrina de la rectora de la Universidad de Chile también fue perjudicada
Durante la formalización se detallaron episodios de presuntas estafas, administración desleal y apropiación indebida que habrían afectado a inversionistas particulares y empresas por más de $4.500 millones.
Fiscalía detalla las víctimas del Caso Sartor: sobrina de la rectora de la Universidad de Chile también fue perjudicada / Hans Scott
Este jueves comenzó la formalización de los principales ejecutivos y exdirectores del Grupo Sartor, instancia en la que se entregaron nuevos antecedentes contenidos en la investigación del Ministerio Público.
En ese contexto, se revelan una serie de operaciones relacionadas con los denominados Contratos de Asociación para Inversiones (CAI), mecanismo que habría sido utilizado para captar recursos de inversionistas que terminaron fuera de los fondos regulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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Según la Fiscalía, los recursos obtenidos mediante estos contratos fueron utilizados para financiar préstamos, negocios y operaciones internas vinculadas a empresas relacionadas con Sartor, sin la supervisión directa del regulador.
La investigación sostiene que diversas personas y sociedades habrían sido inducidas a error respecto de la naturaleza de las inversiones ofrecidas, provocando perjuicios patrimoniales millonarios.
Inversionistas denunciaron que terminaron con simples acreencias en lugar de cuotas de fondos
Uno de los casos incorporados en la formalización corresponde a Luis Navarro González y María Eugenia González, quienes, según la Fiscalía, fueron convencidos de trasladar inversiones que mantenían en fondos administrados por Sartor hacia productos CAI.
La investigación sostiene que la familia llegó a invertir más de $340 millones en estos instrumentos. Tras solicitar el rescate de los fondos en noviembre de 2024, solo recuperaron parte del dinero. El saldo restante, equivalente a $293.820.852, nunca fue restituido.
Para el Ministerio Público, los antecedentes permiten configurar el delito de estafa respecto de Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante, quienes habrían participado en la oferta y administración de estos productos.
Una situación similar afecta a Ingrid Vyhmeister Karl, cuyos recursos fueron traspasados desde fondos de inversión regulados hacia productos CAI luego de una recomendación realizada por ejecutivos de Sartor. Según la investigación, la víctima terminó perdiendo la titularidad de cuotas por $359.117.184, quedando únicamente con un crédito contra Asesorías e Inversiones Sartor S.A., empresa que no estaba fiscalizada directamente por la CMF.
Fiscalía cifra perjuicios millonarios en empresas y sociedades de inversión
Entre los episodios más relevantes aparece el caso de Inversiones ADM S.A., sociedad ligada al grupo familiar Diéguez.
La formalización señala que la compañía suscribió diversos contratos CAI entre 2022 y 2023 por montos que superaron los $1.580 millones, además de una inversión por US$600.000. La Fiscalía sostiene que los recursos no fueron destinados a las inversiones prometidas, sino que habrían sido desviados a sociedades vinculadas a los propios controladores del grupo.
Según el Ministerio Público, la empresa sufrió un perjuicio equivalente a la totalidad de los montos invertidos, configurándose un eventual delito de estafa que también involucra a Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante.
Otro caso incorporado en la investigación corresponde a Comercial SurChile SpA, que mantenía inversiones por más de $2.783 millones distribuidas entre fondos públicos y contratos CAI.
La Fiscalía sostiene que los recursos asociados a estos últimos habrían sido utilizados para financiar sociedades relacionadas con directivos del grupo y operaciones de caja interna. Tras solicitar la devolución de los fondos a fines de 2024, la compañía no obtuvo restitución de los recursos.
Por este episodio, el Ministerio Público atribuye a Pedro Pablo Larraín el presunto delito de apropiación indebida, estimando un perjuicio patrimonial de $2.329.368.665.
Además, la investigación incorpora el caso de Gabriela Negrín Vyhmeister, quien descubrió la existencia de un producto denominado “Fondo Táctico CAI” al momento de solicitar el rescate de sus inversiones. Según la Fiscalía, los recursos por $32.003.891 habrían sido traspasados sin su autorización desde fondos administrados por Sartor AGF hacia este instrumento, configurándose un eventual delito de administración desleal.
A todo lo anterior se suman otros nombres incorporados por parte de la Fiscalía, incluyendo al respecto tambén a Florencia Mizala García, que es sobrina de la nueva rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, quien también perdió dineros que invirtió en Sartor.
Todos estos antecedentes serán expuestos durante la audiencia de formalización, instancia que se proyecta pueda durar al menos una semana y donde la Fiscalía buscará acreditar delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida e infracciones a normas del mercado financiero contra exejecutivos y directores del Grupo Sartor.
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