Argentina endurece su ley migratoria: expulsará a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país
El decreto incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido”, señaló Javier Milei.
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El Gobierno de Argentina oficializó un endurecimiento de su política migratoria al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra la nación, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.
La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el cual modifica la Ley de Migraciones, consignó La Nación.
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De acuerdo con el Gobierno, la decisión responde al aumento de manifestaciones de hostilidad contra Argentina y sus habitantes. A juicio del Ejecutivo, estas conductas representan “un riesgo para los ciudadanos” y vulneran el deber de respeto que deben observar los extranjeros que ingresan o permanecen en el país.
Podrán negar el ingreso o expulsar a extranjeros
Con la modificación, se podrá impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan emitido, de forma oral o escrita, mensajes de odio, incitado a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y participado o instigado actos de ultraje contra símbolos patrios.
Una disposición similar se incorporó al artículo 62 de la Ley de Migraciones, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada.
Milei defiende la medida
Tras la publicación del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en la red social X en el que ratificó la decisión.
“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señaló el presidente Javier Milei.
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La norma entrará en vigor este viernes 31 de julio y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tendrá un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras para su discusión.