Presidente Kast firma proyecto que obliga a autoridades a realizarse test de drogas y perder el cargo si dan positivo
La reforma constitucional establece exámenes obligatorios al asumir y durante el ejercicio del cargo. Los resultados serán públicos y un positivo podría provocar la salida de la autoridad.
Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete
El Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó este lunes un proyecto de reforma constitucional que busca establecer exámenes obligatorios de drogas para diversas autoridades políticas y fijar la salida del cargo como consecuencia de un resultado positivo.
La propuesta, presentada en el Palacio de La Moneda, contempla que los controles se realicen al momento de asumir las funciones y posteriormente de manera periódica.
Además, incorpora como nueva causal constitucional la “cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”.
¿Qué autoridades deberán someterse a los exámenes?
La normativa incluirá a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales, alcaldes y concejales. De aprobarse, el mecanismo establecerá un estándar común para autoridades del Ejecutivo, el Congreso y las administraciones regionales y municipales.
El Gobierno argumentó que la legislación vigente contempla algunos mecanismos de control, pero no una obligación general ni consecuencias uniformes ante la detección de consumo. Según la minuta oficial, esta ausencia “impide contar con un estándar común aplicable a las autoridades comprendidas en la presente reforma”.
Otro de los puntos centrales es que “los resultados de dichos exámenes serán públicos”. Asimismo, un resultado que detecte el consumo de sustancias ilícitas constituirá una causal de salida, cuya aplicación concreta deberá ajustarse a las normas que posteriormente establezca la ley.
La iniciativa iniciará ahora su tramitación en el Congreso, donde requerirá el respaldo correspondiente por tratarse de una modificación a la Constitución. El debate deberá definir aspectos como la periodicidad de los controles, los protocolos de toma de muestras, las eventuales contramuestras y el procedimiento para hacer efectiva la cesación.
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