Avanza proyecto que rebaja y gradúa multas por uso indebido de fertilizantes y bioestimulantes

En condiciones de ser votado en una próxima sesión ordinaria de la Sala del Senado quedó el proyecto de ley que busca rebajar y graduar las multas asociadas al uso indebido, composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes y bioestimulantes.

La iniciativa, que actualmente cursa su segundo trámite legislativo, superó exitosamente su paso por la Comisión de Agricultura. La instancia aprobó el texto en general y, posteriormente, visó de manera unánime las indicaciones presentadas, dando por terminado el debate en particular.

El espíritu central del proyecto es establecer un sistema de sanciones más justo y proporcional. Para ello, se propone que el monto de la multa ya no sea un cobro rígido, sino que se determine considerando cuatro factores clave: la gravedad de la infracción, el valor de los productos involucrados, el daño causado y la capacidad económica del infractor. De esta manera, se busca evitar un perjuicio desproporcionado, especialmente hacia los pequeños productores.

Los nuevos montos y criterios

La propuesta legislativa establece rangos específicos de multas —a beneficio fiscal— para quienes incumplan con la normativa establecida en la Ley 21.349 y las disposiciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

• Multas de 10 a 500 UTM: Se aplicarán por la omisión de las obligaciones referentes a la inscripción del uso de fertilizantes y bioestimulantes en el Registro Único Nacional.
• Multas de 10 a 1.000 UTM: Se cursarán a quienes comercialicen o pongan a disposición de los usuarios productos que no cumplan con los requisitos legales y reglamentarios.

Diferenciación de errores: la indicación del SAG

Durante el debate en la Comisión de Agricultura, los senadores integrantes —Alejandra Sepúlveda (presidenta), Andrea Balladares, Alfonso De Urresti e Ignacio Urrutia— presentaron una indicación clave, basada en las recomendaciones técnicas del SAG, para diferenciar la intención y gravedad de las faltas.

Esta modificación, respaldada por unanimidad, establece que los incumplimientos de carácter formal o administrativo leve (como errores de presentación, formato o unidades de medida) que no afecten la identidad o calidad del producto, serán sancionados con multas menores, que irán de 10 a 100 UTM.

Por el contrario, si el incumplimiento administrativo afecta la trazabilidad, composición y seguridad del producto, induciendo a error a los usuarios —como la adulteración o la falsedad en el origen—, la infracción será considerada grave, arriesgando multas que oscilarán entre las 100 y 1.000 UTM.