Contraloría detecta millonarias irregularidades en liceos administrados por la Usach y exige devolución de fondos

Una severa crisis administrativa golpea a la Universidad de Santiago de Chile (Usach) tras detectarse millonarios gastos sin justificar y graves conflictos de interés. El escándalo afecta directamente a cinco establecimientos educacionales que la casa de estudios administra por encargo del Ministerio de Educación (Mineduc).

La revisión fiscal abarcó el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, destapando un descontrol generalizado en los recursos estatales. Entre las principales anomalías destacan el pago de sueldos a funcionarios que figuraban simultáneamente en dos colegios sin acreditar asistencia y la desaparición de diversos bienes inventariados.

Millonarios reparos y nepotismo institucional

De acuerdo al Informe Final de Auditoría N° 807 de 2025 elaborado por la Contraloría General de la República, el Estado formulará un reparo total de $327.700.415. El documento detalla que más de $165 millones se destinaron a bonos de dudosa procedencia y otros $103 millones financiaron actividades ajenas al funcionamiento escolar.

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Según consigna el ente contralor, los recintos afectados incluyen espacios emblemáticos como el Liceo Experimental Artístico y el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez. El organismo advirtió en su reporte que la universidad contrató a familiares directos y a una sociedad ligada a un propio funcionario, vulnerando flagrantemente el principio de probidad.

Carreras irregulares y caída de matrícula

La fiscalización estatal también reveló que se impartió la especialidad de Técnico-Profesional de Administración operando al margen de la ley desde el año 2016. La institución reguladora confirmó que el programa funcionaba sin contar con la autorización obligatoria exigida por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana.

Finalmente, la Contraloría ordenó a la Usach iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El dictamen oficial concluye exigiendo regularizar las fuertes bajas de matrículas no informadas e implementar herramientas urgentes para asegurar la transparencia de los recursos públicos.