En medio del debate por la megareforma tributaria impulsada por el Gobierno, la bancada PPD-Independientes presentó una reforma constitucional que busca impedir durante 10 años que se reduzcan o restrinjan la Pensión Garantizada Universal (PGU), la indemnización por años de servicio y la Ley de 40 Horas.

La propuesta establece un régimen de “invariabilidad normativa” para proteger las condiciones de acceso y ejercicio de estos tres derechos sociales y laborales. La restricción también alcanzaría a los actos administrativos dictados para interpretar o ejecutar las respectivas leyes.

En concreto, durante una década no podrían aprobarse cambios destinados a reducir los beneficiarios de la PGU, disminuir su financiamiento, elevar sus requisitos, rebajar las indemnizaciones laborales o aumentar la jornada de trabajo. La prohibición no se aplicaría a proyectos que mejoren los beneficios o faciliten su acceso.

Revisa también:

• Steinert responde a Contraloría con escrito de 26 páginas: busca anular dictamen que la acusa de exceder sus atribuciones
• Corte de luz en Chile por lluvia deja a más de 21 mil clientes sin suministro: esta es la región más afectada

La iniciativa fue presentada como una respuesta al régimen de invariabilidad tributaria contemplado en la megareforma para inversiones iguales o superiores a US$50 millones. Según argumentaron sus autores, si se busca entregar certeza durante 10 años a los grandes proyectos de inversión, esa misma protección debería extenderse a los derechos de trabajadores, pensionados y familias.

“Existiendo la misma razón ha de existir entonces la misma disposición”, señala el texto, que plantea utilizar una fórmula similar a la ofrecida a los inversionistas para garantizar tranquilidad a la clase media y a los sectores más vulnerables.

La bancada sostuvo que la propuesta busca resguardar derechos que, a su juicio, podrían verse afectados por el ajuste fiscal y las reformas económicas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast.

Entre sus fundamentos, el proyecto cuestiona los recortes presupuestarios que —según sus impulsores— alcanzarían a cerca de 260 programas sociales, además de advertir sobre los eventuales efectos fiscales de la reducción del impuesto corporativo desde un 27% a un 23% y el regreso a un sistema tributario completamente integrado.

De acuerdo con los cálculos expuestos en la iniciativa, el Estado podría dejar de percibir cerca de US$4.500 millones anuales. Se trata de una estimación de los parlamentarios firmantes, quienes sostienen que esos recursos resultan necesarios para financiar prestaciones sociales como la PGU.

PGU, indemnización y 40 Horas

Según señalan, el proyecto busca proteger la Pensión Garantizada Universal, regulada por la Ley 21.419; la indemnización por años de servicio establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo; y la reducción de la jornada laboral contemplada en la Ley 21.561.

Respecto de las indemnizaciones, la bancada manifestó su preocupación ante la posibilidad de avanzar hacia un sistema de pago “a todo evento”, debido a que —según plantea el documento— podría traducirse en una disminución del actual beneficio de un mes por año trabajado, con un máximo de 11 años.

También cuestionó las interpretaciones que, a juicio de sus autores, podrían afectar la implementación progresiva de la Ley de 40 Horas.

La invariabilidad comenzaría a regir desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial. Cumplidos los 10 años, cualquier iniciativa que busque restringir estos beneficios tendría que ser aprobada mediante una ley respaldada por cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio.

No constante, la protección no podría ser utilizada por personas que hayan entregado conscientemente información falsa, incompleta o errónea para acceder a alguno de los beneficios. En paralelo, quedarían expresamente permitidas las modificaciones destinadas a ampliar, mejorar o facilitar el ejercicio de los derechos protegidos.