Duro golpe a exministra Steinert: Contraloría concluye que excedió atribuciones al pedir datos de agentes PDI
El órgano fiscalizador sostuvo que el requerimiento de la exministra de Seguridad Pública no se ajustó a sus competencias y apuntó a una causa penal reservada en curso.
Agencia Uno
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una causa penal reservada en curso.
El pronunciamiento respondió a requerimientos de parlamentarios sobre la legalidad del oficio reservado N°28 de 2026.
Según el dictamen, el requerimiento apuntaba a personal de una brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado específica, ligada a una investigación penal determinada y vigente, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público.
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La Contraloría fue clara al sostener que “no se advierte que requerimiento de exautoridad que se indica se enmarque en sus competencias”.
El órgano fiscalizador detalló que la exautoridad no solo pidió información general, sino también una nómina con nombre completo, cédula de identidad, grado, destino y cargo actual de funcionarios trasladados o cesados en funciones investigativas respecto de una causa RUC específica. Además, solicitó antecedentes disciplinarios o penales y copias de eventuales denuncias administrativas, sumarios o denuncias penales.
Para Contraloría, aquello excede la facultad general de requerir informes al Ministerio de Seguridad Pública, especialmente porque la propia ley establece límites cuando la información puede afectar investigaciones penales. El dictamen sostiene que “en ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso”.
El informe también apuntó al deber de abstención, debido a que el requerimiento se refería a personal policial que apoyaba una investigación encabezada por la propia exsecretaria de Estado en su desempeño anterior. En ese contexto, Contraloría concluyó que “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.
Respecto de la desvinculación de la prefecta general de la PDI Consuelo Peña San Miguel, el órgano contralor indicó que el decreto que dispuso su retiro absoluto fue cursado el 10 de abril de 2026 “por ajustarse a derecho”. En paralelo, sobre la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, Contraloría afirmó que dicha unidad se mantiene en la estructura orgánica y que su eventual supresión requeriría una norma de rango legal.