“Exigencia inédita en 50 años”: Codelco lleva a la justicia a la Contraloría por trabar contrato de su filial del litio
La estatal, liderada por Bernardo Fontaine, impugnó con éxito un oficio de Dorothy Pérez que bloqueó la puesta en marcha de Minera Ascotán, acusando una inédita vulneración a su autonomía corporativa.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el pasado 18 de junio un recurso de amparo económico interpuesto por Codelco. La cuprífera decidió judicializar un duro conflicto administrativo contra la Contraloría General de la República (CGR).
El quiebre institucional ocurrió tras la paralización de un acuerdo estratégico en la Región de Antofagasta. El órgano fiscalizador frenó los trámites de concesión para operar en el Salar de Ascotán, bloqueando la alianza conformada recientemente junto a la empresa privada Quiborax, publica La Tercera.
El nudo del conflicto y la certeza jurídica
De acuerdo a los antecedentes expuestos en el recurso judicial, la entidad liderada por Dorothy Pérez objetó la operación argumentando que la minera no dictó un acto administrativo formal para sellar su participación en la sociedad Minera Ascotán SpA.
Según el texto de la defensa liderada por Bernardo Fontaine, esta exigencia burocrática resulta “extraña” y frena el dinamismo del negocio. En el escrito, la estatal subraya que actúa comercialmente bajo las normas del derecho privado, condición necesaria para competir de igual a igual en el mercado internacional.
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En esa misma línea, a través de un comunicado público, la corporación remarcó que el objetivo de la acción es restaurar su certeza jurídica. El documento enfatizó que en los más de 50 años de trayectoria, jamás se les ha exigido someter sus pactos societarios a controles preventivos de “toma de razón”.
El impacto en el mercado del litio
Según detallan los archivos del proceso, la falta de visado por parte de la Contraloría impide la ejecución del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL). Este permiso, que ya había sido visado por el Ministerio de Minería, es el pilar del joint venture donde Codelco posee un 34% de la propiedad.
Finalmente, el libelo legal solicita a la justicia que instruya a la CGR anular parcialmente su pronunciamiento. Piden que el ente fiscalizador respete la autonomía corporativa amparada en la Ley de Sociedades Anónimas y se abstenga de exigir normativas propias del sector público.