Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau

El Senado de la República rechazó de manera definitiva la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, con 33 votos en contra y 10 a favor; esto, luego de que la Cámara de Diputados declarara admisible originalmente el libelo impulsado por doce parlamentarios. Tras escuchar la relación de los hechos y los argumentos de ambas partes, la Cámara Alta desestimó que las inconsistencias detectadas en los informes fiscales constituyeran una infracción objetiva a la Carta Fundamental, ratificando la postura de la defensa.

La sesión especial se inició con la lectura del secretario general de la corporación, Luis Rojas, quien expuso las bases del libelo acusatorio. La moción opositora sostenía que la Dirección de Presupuestos (Dipres) depende directamente de Hacienda, lo que convertía al exministro en el máximo responsable político de una supuesta vulneración a los deberes constitucionales de probidad y transparencia en la gestión financiera del Estado.

Los cuatro capítulos de la acusación económica

La acusación constitucional contra la exautoridad de la billetera pública se estructuraba en cuatro complejos capítulos técnicos y normativos:

• Capítulo 1 (Probidad y Transparencia): Se acusaba la infracción al artículo 8° de la Constitución, argumentando que el Ministerio de Hacienda faltó al deber de entregar información veraz y consistente como sustento del Decreto 542 de 2025 y de la Ley 21.683.
• Capítulo 2 (Coordinación Financiera): Apuntaba al Informe de Finanzas Públicas del Cuarto Trimestre de 2025 (IFP 4T25). Según los acusadores, el documento presentaba dos trayectorias aritméticamente incompatibles: una profundizaba el déficit fiscal en $13,5 billones, mientras que la otra solo recogía $3,9 billones de deuda. Esto generaba una brecha no reflejada de $9,5 billones (aproximadamente US$ 10.500 millones, equivalentes al 2,9% del PIB).
• Capítulo 3 (Universalidad Presupuestaria): Afirmaba que las proyecciones elaboradas bajo la gestión de Grau omitieron presiones de gasto derivadas de compromisos vigentes, como el reajuste del Sector Público y obligaciones sin devengar al cierre de 2025, ignorando advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
• Capítulo 4 (Inconsistencia de Mediano Plazo): Acusaba la falta de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales del país.

Durante la formalización, los diputados Paulina Muñoz y Benjamín Moreno insistieron en que no se juzgaba un simple error de cálculo, sino una omisión inexcusable y un daño institucional que debilitaba la fe pública en momentos en que la caja fiscal se encontraba severamente estresada.

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Los argumentos de la defensa que inclinaron la balanza

El vuelco a favor del exministro Grau se consolidó tras la exposición de su abogado defensor, Patricio Zapata, quien argumentó con éxito que el libelo sufría de debilidades estructurales de fondo al pretender juzgar políticamente el mal desempeño o los errores de proyecciones económicas mediante una herramienta constitucional de carácter excepcional.

“La acusación en su texto pone el acento en la inconsistencia aritmética entre la trayectoria de la deuda bruta y el balance estructural proyectado (...). Este es el corazón de la denuncia”, planteó el jurista, demostrando posteriormente que dicha aseveración era técnicamente equívoca.

Para desarticular la acusación de manipulación, Zapata invocó los testimonios y minutas del propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA), del actual director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El CFA determinó de forma oportuna que no existía una inconsistencia aritmética en los cuadros, sino que las diferencias se explicaban por partidas identificables, reconociéndose que en economía las proyecciones nunca son exactas y que el margen detectado correspondía a un espacio de mejora en la trazabilidad de la deuda flotante, y no a un delito constitucional.

Apoyados por los informes de los destacados profesores de derecho constitucional Jorge Correa Sutil y Marisol Peña, quienes fueron enfáticos en que la acusación debía ser desestimada por carecer de la descripción de un acto ilegal concreto imputable directamente al exministro, los senadores procedieron a rechazar el libelo, cerrando de forma definitiva el proceso en Valparaíso.