Contraloría destapa descontrol en Ley Cholito: municipios acumulan $16 mil millones sin ejecutar ni rendir

La Contraloría General de la República (CGR) emitió su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), una herramienta técnica orientada de forma específica a identificar amenazas en el uso de los recursos públicos destinados a promover el bienestar animal, prevenir el abandono y resguardar la salud pública y el medioambiente. Las conclusiones del informe encendieron las alarmas de la institución debido a las graves falencias detectadas en la ejecución de programas municipales y a las profundas inconsistencias en los registros oficiales.

De acuerdo con el análisis de la Contraloría, entre el año 2017 y marzo de 2026, las municipalidades de todo Chile han recibido un monto total de $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). Sin embargo, el cruce de datos dejó en evidencia una preocupante inacción y falta de transparencia en la gestión de estos dineros por parte de los liderazgos locales.

Municipios bajo sospecha: Fondos sin rendir ni ejecutar

El desglose del reporte RADAR arrojó cifras críticas respecto al comportamiento de las administraciones comunales con los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE):

• Falta de ejecución: Un total de 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control de la población de mascotas, a pesar de haber recibido, desde el año 2022, casi $5 mil millones desde la SUBDERE exclusivamente para cumplir con esos fines.
• Silencio ante la fiscalización: Peor aún es la situación de 162 municipalidades que simplemente no respondieron a los requerimientos de información formales de la Contraloría respecto al uso y destino de más de $16 mil millones que les fueron transferidos por la misma Subsecretaría.
• Vacío normativo e infraestructura ilegal: El catastro de la CGR constató que 25 municipalidades ni siquiera cuentan con una ordenanza local sobre tenencia responsable; 178 comunas no disponen de un aparato lector de microchip (o no informaron tenerlo); y 31 municipios mantienen o financian con recursos públicos caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.

Descontrol en el registro de animales potencialmente peligrosos

La auditoría de la Contraloría no solo apuntó a las debilidades de los alcaldes, sino también a las herramientas digitales que administra el Ministerio del Interior. El reporte detectó serias inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, apuntando de forma particular a errores en la identificación de los humanos responsables de los animales.

En este último registro se descubrió un dato alarmante para la seguridad ciudadana: de un universo total de 39.987 animales calificados en esta categoría, solo 748 personas han realizado de manera efectiva el curso de adiestramiento obligatorio que exige la legislación vigente para la tenencia de este tipo de especies.

Ante este panorama de riesgo relevante para la salud pública, la Contraloría anunció que iniciará un proceso de fiscalización directa a la SUBDERE en su calidad de entidad central encargada de transferir los recursos. En paralelo, el ente regulador notificó de forma perentoria a las municipalidades que aún no cuentan con una ordenanza de tenencia responsable, exigiéndoles dictar la norma en un plazo máximo de 90 días hábiles.