Reunificación familiar de menores haitianos: Contraloría revela irregularidades en el sistema
Informe revela fallas de coordinación entre Migraciones, PDI y Subsecretaría de la Niñez, además de permisos con documentación incompleta.
Getty Images / John Moore
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades administrativas y deficiencias de coordinación en el funcionamiento del Programa de Reunificación Familiar, tras una fiscalización que analizó el ingreso de niñas, niños y adolescentes provenientes de Haití al país.
El informe final N°541-2025 advierte un “desorden relevante” entre las instituciones encargadas del proceso migratorio y de protección de menores, entre ellas el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.
Según el organismo contralor, esta falta de articulación habría derivado en vacíos de control, intercambio insuficiente de información y respuestas tardías frente a posibles situaciones de riesgo.
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Entre los hallazgos más críticos, la Contraloría detectó el otorgamiento de permisos de reunificación con documentación incompleta o no vigente, además de la flexibilización de requisitos mediante un memorándum interno que no contaba con atribuciones para modificar exigencias legales.
También se observó la ausencia de sanciones oportunas a una aerolínea que incumplió la entrega de listas de pasajeros en vuelos chárter, junto con fallas en la verificación de los adultos responsables de los menores.
El informe también da cuenta de debilidades estructurales en los sistemas de control. En el caso del SERMIG, se identificaron permisos aprobados sin antecedentes esenciales y registros con errores o datos duplicados. En la PDI, en tanto, se advierte la falta de manuales completos de control migratorio y fallas en la consistencia de la información respecto de otras instituciones. A ello se suma la ausencia de protocolos claros ante situaciones críticas, como el fallecimiento del vínculo familiar que origina la solicitud migratoria.
Ante este escenario, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres organismos involucrados para determinar eventuales responsabilidades. Además, ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los menores por parte de la Subsecretaría de la Niñez, iniciar un examen de cuentas por eventuales sanciones no aplicadas a compañías aéreas y abrir un procedimiento disciplinario por la filtración de información sensible del preinforme. Asimismo, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.