Nueva arista penal contra Lavín León: Fiscalía sumará cargos por uso indebido de datos y asesores “fantasma”
La indagatoria penal detectó millones de registros de electores en la firma que prestó servicios al político. Además, se formalizará a dos presuntos colaboradores que recibieron sueldos del Congreso sin realizar labores legislativas, operando en sedes de campaña.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott
La investigación penal en contra del exdiputado Joaquín Lavín León continúa expandiéndose hacia nuevas e complejas aristas judiciales. A poco más de un mes de haber quedado bajo la medida cautelar de prisión preventiva por presunto fraude al Fisco con asignaciones del Congreso, la Fiscalía de la Zona Oriente decidió incorporar formalmente un nuevo flanco de persecución penal enfocado en delitos electorales y uso indebido de información de votantes.
Para ello, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de formalización de la investigación para el próximo 8 de julio. En la instancia se levantarán cargos contra Lavín León; su exasesor Shigue Kazu Ogino Vargas; y Belén Esperanza Carrasco. Adicionalmente, el tribunal dio luz verde para formalizar en ausencia al empresario Felipe Andrés Vázquez Diéguez, fundador de la plataforma SocialTazk, quien reside actualmente en España y no ha regresado al territorio nacional.
Esta nueva línea investigativa, revelada por Mega Investiga, se originó luego de que el Servicio Electoral (Servel) presentara una denuncia por inconsistencias detectadas en la campaña parlamentaria del año 2021. Entre las anomalías identificadas figuran facturas emitidas por la empresa Modo 74 SpA por un total de $12 millones, cuyos movimientos bancarios de pago no pudieron ser verificados por los peritos financieros, abriendo sospechas sobre la veracidad de los servicios. Una situación similar se detectó en la campaña municipal de la exalcaldesa Cathy Barriga con la misma firma proveedora.
El esquema de los asesores “fantasma”
La audiencia del mes de julio abordará de igual manera la presunta contratación irregular de personal con fondos asignados a la labor legislativa del Congreso Nacional. Uno de los casos apunta a Shigue Kazu Ogino Vargas, quien figuró contratado a inicios de 2021 como apoyo parlamentario por una suma superior a los $2,5 millones. Sin embargo, los persecutores sostienen que Ogino jamás cumplió tareas en el Congreso, sino que trabajó de forma exclusiva en la sede de Apoquindo 3001, inmueble usado en esa época para la campaña presidencial del padre del parlamentario, Joaquín Lavín Infante.
Revisa también:
Aún más prolongada habría sido la situación de Belén Esperanza Carrasco Riquelme. La tesis de la Fiscalía apunta a que Lavín León, en coordinación con su entonces administrador electoral y de confianza, Arnaldo Domínguez (pareja de Carrasco), armaron una contratación que “sólo existía en el papel”. Se acusa que desde el año 2018 se emitieron informes de actividades y boletas falsas validadas por el propio diputado para justificar desembolsos de la Cámara de Diputados.
Esta versión es ratificada dentro de la carpeta del caso por exintegrantes del equipo de Lavín León. La testigo Ilse Palma declaró tajantemente ante la justicia que Carrasco “jamás trabajó con nosotros” y que solo la conocía por ser la pareja de Domínguez. Declaración similar entregó Romina Castillo, quien complementó que la imputada ejercía funciones como profesora y que ignoraba por completo que figurara con contrato de asesora parlamentaria. La Fiscalía cuenta además con chats de WhatsApp que demuestran las gestiones administrativas de Domínguez para confeccionar la documentación falsa y cobrar los honorarios.
La masiva filtración de datos de “SocialTazk”
El último componente de la imputación involucra un hallazgo derivado de las pericias informáticas realizadas a la plataforma tecnológica SocialTazk, desarrollada por Modo 74. En los servidores de la empresa se descubrieron archivos que contenían millones de registros confidenciales de electores correspondientes a diversos procesos electorales.
La indagatoria del Ministerio Público busca esclarecer de manera científica si esta gigantesca base de datos provino de filtraciones ilícitas del Registro Electoral del Servel y si el entorno político del exdiputado utilizó dicha información confidencial para realizar segmentación de votantes, campañas de mensajería de texto masiva o venta de perfiles a terceros, configurando una grave vulneración a las leyes que norman el uso de datos privados en Chile.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.
