Anexo de Contraloría que detalla las rutas y fechas del ingreso masivo de menores haitianos a Chile
La auditoría estatal desnudó las graves grietas del sistema de reunificación familiar y los riesgos a la integridad de la infancia.
Getty Images
Un profundo remezón institucional provocó la revelación de un preinforme de la Contraloría General de la República, el cual expone graves falencias del Estado en el control migratorio y eventuales irregularidades en el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) procedentes de Haití. A pesar de los protocolos vigentes para la reunificación familiar, la fiscalización constató un cúmulo de menores de edad cuyo paradero actual se desconoce, abriendo sospechas fundadas sobre posibles delitos de tráfico de menores.
Los antecedentes —adelantados por Radio Bío-Bío y T13— ya fueron derivados a la Fiscalía Regional Centro Norte para iniciar las indagaciones penales correspondientes. Las pesquisas apuntan a casos concretos de niños no ubicados y al comportamiento de ciertos adultos que registran múltiples entradas al territorio nacional acompañados por grupos de menores.
El patrón de ingresos de los “adultos responsables”
El documento de 71 páginas elaborado por el organismo que encabeza Dorothy Pérez incluye un anexo detallado con las identidades, situaciones migratorias, fechas de viaje y la cantidad de menores que acompañaban a cada sospechoso. Cruzando datos con la Policía de Investigaciones (PDI), se logró individualizar a 12 personas que, entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, ingresaron de manera habitual al país simulando ser los tutores de los niños.
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El caso más alarmante consignado por los fiscalizadores describe que “una persona ingresó en un solo viaje como responsable de 34 menores”. Para la Contraloría, esta falta de filtros “podría implicar riesgos a la integridad y seguridad de los menores involucrados, así como eventuales vulneraciones al marco normativo vigente en materia de control migratorio y protección de la infancia”. Debido a esto, se solicitó de urgencia fortalecer la coordinación entre instituciones y los análisis de riesgo fronterizo.
Duras críticas a la labor de la PDI
La auditoría fue tajante al determinar las responsabilidades políticas y operativas de los controles fronterizos. El texto señala de forma explícita que los hechos descritos “implican la vulneración por parte de la PDI del principio de control”.
Asimismo, el informe concluye que la actuación de la policía civil no se ajustó a las normativas del Estado que obligan a las jefaturas a ejercer un “control jerárquico permanente” sobre el funcionamiento de sus organismos y del personal bajo su dependencia, dejando en evidencia una severa desatención en la protección de los derechos de la infancia en las fronteras chilenas.
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