“El Estado no debería...”: La dura reacción de Fundación Iguales tras resolución para eliminar el lenguaje inclusivo en servicios públicos

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles una resolución que solicita al Ejecutivo la eliminación del lenguaje inclusivo en todos los servicios públicos del país, además de ordenar mediante un decreto el “correcto uso” del idioma castellano en la administración del Estado.

La votación de la iniciativa (que abre un complejo debate que va más allá de lo lingüístico para instalarse en el terreno del reconocimiento de derechos) se zanjó con 85 votos a favor y 53 en contra.

Quienes defienden la diversidad plantean que este tipo de resoluciones no representan un mero debate gramatical, sino un intento de imposición estatal sobre las formas de expresión de la ciudadanía.

Críticas desde la sociedad civil

La aprobación de la medida generó una inmediata reacción en organizaciones de la sociedad civil. María José Cumplido, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, lamentó la priorización de esta agenda en el Congreso y defendió la evolución natural del habla.

“El Estado no debería decirle a nadie cómo hablar. Es positivo poder usar un lenguaje que no invisibilice a las personas y esa discusión tiene larga data. Lamentamos que se pierda el tiempo aprobando resoluciones que no benefician a nadie”, señaló la historiadora.

Asimismo, Cumplido enfatizó la inutilidad técnica de la medida frente a los procesos culturales: “El lenguaje está vivo y cambia constantemente, y eso los políticos no lo podrán evitar aunque quieran”.