¿Fin a los rucos? Alcaldesa propone drásticas sanciones a través de un nuevo delito

Los rucos son refugios muy precarios, construidos con materiales de desecho y son cada vez más visibles en Chile. Según el Censo 2024, existen 21.750 personas en situación de calle, cifra que se ha duplicado en los últimos siete años. ¿Qué hacer con las personas en esa situación?

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, presentará una propuesta destinada a enfrentar la ocupación irregular y reiterada del espacio público mediante instalaciones precarias de habitación o “rucos”.

Revisa también:

• Rucos en chile: ¿se puede hacer algo si invaden la entrada de mi propiedad?

La iniciativa surge como respuesta al aumento sostenido de este fenómeno. Según cifras municipales correspondientes al período enero-abril de 2026, los asentamientos retirados en San Miguel aumentaron de 255 a 682 respecto del mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 167%.

Los reclamos vecinales asociados a rucos crecieron desde 145 a 575 casos, equivalente a casi un 300% de aumento. “Estamos frente a un problema a nivel nacional. Hoy los municipios retiran asentamientos irregulares y, a las pocas horas o días, las personas vuelven a instalarse en el mismo lugar. El Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno”, explicó Bown.

Los tres pasos

La propuesta impulsada por la Municipalidad de San Miguel contempla un sistema gradual de intervención social, administrativa y penal, donde la sanción penal operaría únicamente como última instancia.

El mecanismo considera tres etapas sucesivas:

• Primer evento: retiro municipal de la instalación irregular, oferta formal de acceso a programas sociales y registro del caso en un “Registro de Incivilidades”.

• Segundo evento: conducción administrativa especial por parte de Carabineros por un plazo máximo de doce horas, con participación de organismos sociales y de salud.

• Tercer evento: creación del delito de “instalación reiterada”, incorporando un nuevo artículo 458 ter al Código Penal, aplicable solo cuando exista oferta social previa documentada.