Denuncian que esposa de diputado republicano obtuvo subsidio para familias vulnerables
La indagatoria apunta a un beneficio habitacional adjudicado en Magallanes en 2023. El parlamentario descartó irregularidades.
Agencia Uno
La Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en la obtención de un subsidio habitacional adjudicado en 2023 a Susan Chicuy Godoy, esposa del diputado republicano Alejandro Riquelme, en la región de Magallanes.
La indagatoria se inició tras una denuncia presentada por el Serviu de Magallanes ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, luego de detectar eventuales omisiones de antecedentes personales, patrimoniales y socioeconómicos en la postulación al beneficio del proyecto habitacional Estepa Austral I.
¿Qué se investiga?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que instruyó al Serviu regional presentar la denuncia ante Fiscalía, trámite que se concretó el pasado 8 de mayo.
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Según la presentación, Chicuy habría omitido información sobre sus ingresos y sobre su vínculo con el parlamentario al completar el Registro Social de Hogares y la postulación al subsidio. Aquello, de acuerdo con los antecedentes, habría incidido en la evaluación de vulnerabilidad habitacional exigida para acceder al beneficio.
La denuncia también sostiene que la beneficiaria habría declarado una situación de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”, sin incorporar a su pareja y padre de sus hijos dentro del núcleo familiar informado.
Otro punto mencionado es que, al momento de otorgarse el subsidio, Riquelme era consejero regional y aprobó el cofinanciamiento de soluciones habitacionales en diciembre de 2023.
Entre los antecedentes revisados también figuran sociedades comerciales compartidas entre Riquelme y Chicuy, como Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA.
Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme descartó irregularidades y sostuvo que la investigación “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”.
Además, vinculó la difusión del caso con el aumento de sus fiscalizaciones a proyectos habitacionales en Magallanes.