¿Prisión preventiva como castigo? La dura advertencia de la Defensoría Nacional en su cuenta pública 2026
La Defensora Nacional cuestionó el uso excesivo de las medidas cautelares y presentó los casos de ciudadanos que pasaron meses en la cárcel siendo inocentes.
Defensoría Penal Pública
La Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, encabezó este jueves la Cuenta Pública 2026 de la Defensoría Penal Pública (DPP), coincidiendo con el 25° aniversario de la institución. Durante el balance, se informó que el organismo ha representado a más del 90% de los imputados en el sistema procesal chileno, acumulando un histórico de seis millones de causas defendidas bajo los principios del debido proceso.
Uno de los hitos centrales del primer año de gestión fue el ingreso al Senado, el pasado 10 de marzo de 2026, del proyecto de reforma para otorgar autonomía de rango constitucional a la Defensoría. Según la autoridad, esta modificación es una deuda estructural de la reforma procesal penal, necesaria para equilibrar las facultades entre la persecución y la defensa en un sistema acusatorio.
Calidad de servicio y gestión administrativa
En materia de gestión interna, la DPP concretó el lanzamiento de la Academia de Defensores y Funcionarios, instancia destinada a sistematizar el conocimiento técnico y perfeccionar los estándares de atención. En paralelo, la Medición de Satisfacción Usuaria (MESU) aplicada por el Ministerio de Hacienda arrojó un 65% de aprobación directa por parte de los beneficiarios del sistema, cifra que contrasta con el 32% de aprobación ciudadana general que registra la encuesta CADEM.
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Respecto al presupuesto, la institución ejecutó el 99,6% de sus recursos en 2025, equivalentes a más de 78 mil millones de pesos. No obstante, Encina Vera manifestó su preocupación por las proyecciones financieras para 2026, advirtiendo que una disminución de fondos podría poner en riesgo la cobertura frente a la mayor sofisticación de las investigaciones actuales y el aumento de la demanda de defensa.
Crisis de cautelares e inimputabilidad
La Defensora Nacional dedicó un apartado crítico a la situación de las personas inimputables por enfermedad mental. Según las cifras oficiales, durante 2025 se detectaron más de 400 casos de personas que, debiendo estar en recintos hospitalarios para su tratamiento, permanecen privadas de libertad en cárceles comunes debido a la falta de camas siquiátricas. La autoridad calificó esta realidad como una “injusticia inaceptable” que responsabiliza directamente al Estado.
Finalmente, el balance abordó el impacto del Proyecto Inocentes, revelando que desde 2013 más de 28.000 personas han cumplido prisión preventiva para luego ser declaradas inocentes o absueltas. Ante esto, la DPP respaldó la tramitación de leyes que mejoren las indemnizaciones por error judicial y propuso reinstalar normas que limiten la cárcel preventiva en casos donde existan alternativas de penas sustitutivas, evitando así el contagio criminógeno en personas de bajo riesgo social.