Violencia intrafamiliar en Chile: nuevo proyecto de ley contra la revictimización y el uso de videoconferencias
La iniciativa busca modernizar el sistema judicial mediante el uso de tecnologías, permitiendo declaraciones vía videoconferencia y horarios diferenciados para proteger a las víctimas.
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Un grupo transversal de parlamentarias presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo central fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y erradicar su revictimización durante el desarrollo de los procesos judiciales.
La propuesta surge como respuesta al aumento sostenido de denuncias en el país y a la deserción de causas motivada por el miedo.
Herramientas para un proceso seguro
La iniciativa contempla la incorporación de tecnologías y cambios operativos en los tribunales para evitar el impacto emocional del proceso:
- Declaración por videoconferencia: Se promueve la comparecencia remota para que la víctima no tenga que desplazarse físicamente al mismo recinto que su agresor.
- Horarios diferenciados: Implementación de bloques horarios distintos para las partes, minimizando las posibilidades de encuentro en pasillos o salas de espera.
- Resguardos de contacto: Medidas estrictas para impedir cualquier tipo de interacción física o visual con el victimario durante las etapas del juicio.
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Visiones parlamentarias
La diputada Sara Concha subrayó que el temor a enfrentarse al agresor es uno de los principales problemas detectados, lo que lleva a muchas personas a abandonar las acciones legales. En sintonía, la diputada Javiera Rodríguez enfatizó que el proyecto busca modernizar el sistema para abordar el “impacto profundo” que esta violencia genera en la unidad familiar.
Desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, su presidenta Eileen Urqueta (PDG) valoró que el foco se ponga en asegurar que el proceso judicial no sea una fuente adicional de daño para quienes ya han sido vulneradas. Por su parte, la diputada Francesca Muñoz destacó el carácter transversal del trabajo realizado junto a las comisiones de Familia y Mujer.
Finalmente, las legisladoras valoraron la disposición del Ejecutivo, específicamente de la Ministra de la Mujer, para coordinar la tramitación de esta iniciativa y garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho seguro para todas las víctimas.