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Directrices sobre acoso sexual, laboral o de violencia: Gobierno retira reglamento de la Ley Karin para su revisión

La decisión generó críticas desde la oposición, mientras el Ejecutivo asegura que la ley sigue vigente y que los cambios buscan mejorar su aplicación.

Directrices sobre acoso sexual, laboral o de violencia: Gobierno retira reglamento de la Ley Karin para su revisión

Directrices sobre acoso sexual, laboral o de violencia: Gobierno retira reglamento de la Ley Karin para su revisión / Bill Diodato

El Gobierno decidió retirar de la Contraloría General de la República el decreto que buscaba modificar el reglamento de la llamada Ley Karin, abriendo un nuevo flanco político en torno a la implementación de esta normativa que regula el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

La medida quedó formalizada mediante un oficio de la Subsecretaría del Trabajo, que solicitó detener la tramitación del decreto ingresado a comienzos de marzo.

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La decisión fue cuestionada por la diputada Ana María Gazmuri, quien acusó un “grave retroceso” y advirtió que el retiro podría afectar la protección de las víctimas.

En concreto, la Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, establece nuevas reglas para prevenir, investigar y sancionar el acoso en espacios laborales, tanto públicos como privados.

Entre sus principales avances, permite que un solo hecho grave sea considerado acoso laboral, incorpora la violencia ejercida por terceros y obliga a empleadores a contar con protocolos de prevención, investigación con enfoque de género y apoyo psicológico a las víctimas.

¿Qué dijeron desde el Gobierno?

Desde el Gobierno explicaron, a través de declaraciones del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, a La Tercera, que se trata de una revisión de última hora a iniciativas heredadas de la administración anterior, con el objetivo de asegurar que el reglamento sea aplicable y efectivo.

La autoridad del Ejecutivo aseguró que la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación, enfatizando que el proceso apunta a construir una nueva propuesta que resguarde el espíritu de la normativa y su correcta implementación.

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