• 25 MAR 2026

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SERNAC logra acuerdo con Sportlife tras cierre de sede en Bandera: más de 400 clientes recibirán reembolso

El acuerdo benefició a cientos de consumidores afectados.

La Dirección Regional Metropolitana del SERNAC informó que logró un acuerdo con la empresa Sportlife luego del cierre de su sucursal ubicada en calle Bandera, en la comuna de Santiago, una situación que afectó directamente a cientos de consumidores que mantenían planes contratados en ese recinto.

La gestión permitió establecer medidas concretas de compensación para quienes se vieron perjudicados por el fin de operaciones de esa sede.

El caso se originó después de que los clientes que asistían regularmente a esa sucursal recibieran un comunicado donde se les informó que la franquicia dejaría de funcionar por decisión de sus administradores, a partir del 31 de octubre de 2025. El problema fue especialmente delicado porque muchos usuarios contaban con planes anuales vigentes, por lo que el cierre abría dudas sobre devoluciones, continuidad del servicio y resguardo de sus derechos como consumidores.

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Frente a este escenario, el organismo decidió citar a declarar al representante legal de la empresa Deporvida S.A., controladora de Sportlife, con el objetivo de obtener antecedentes y buscar una salida que favoreciera a los afectados. A partir de esa gestión, se alcanzó un acuerdo que permitió devolver el dinero a quienes optaron por esa alternativa y, al mismo tiempo, reubicar sin costo a quienes quisieron continuar entrenando en otra sede de la cadena.

Según los datos entregados por la propia empresa y aceptados por los usuarios, 441 personas solicitaron el reembolso del dinero, mientras que 326 consumidores optaron por la reubicación de sede. El balance fue destacado por SERNAC como una medida concreta de protección para quienes habían contratado servicios que no pudieron seguir utilizando en el recinto originalmente pactado.

Desde el servicio recordaron además que la citación a declarar es una herramienta contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que faculta al organismo para convocar a representantes legales, administradores y asesores de una empresa cuando se requiere reunir información sobre una situación que pueda afectar a clientes.

En este caso, esa vía permitió encauzar una solución práctica frente a un cierre que golpeó a cientos de usuarios.

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