Asociación de Municipalidades piden agravar penas por amenazas del crimen organizado a alcaldes
Desde la AMUCH, se pidió avanzar en una agenda legislativa que proteja a autoridades locales ante el narcotráfico, mientras el Senado comprometió apoyo para impulsar proyectos que agraven sanciones.
Agencia Uno
La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) presentó al Senado una propuesta para agravar las penas contra narcotraficantes y miembros del crimen organizado que amenacen a autoridades locales.
El planteamiento fue expuesto por el presidente de la entidad y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, en una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira, donde se abordó como tema principal la seguridad de alcaldes y otras autoridades.
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La iniciativa busca incorporar un agravante específico en la legislación penal para quienes intimiden o amenacen a autoridades, con el objetivo de desincentivar estas conductas y entregar mayores garantías para el ejercicio de sus funciones.
“Hoy día nos hemos visto enfrentados a una situación bastante crítica”, afirmó Palacios, advirtiendo que las amenazas provenientes del narcotráfico y del crimen organizado se han vuelto transversales y afectan a distintas autoridades a lo largo del país.
Desde el Senado, Núñez respaldó la propuesta y aseguró que existe disposición para avanzar en medidas concretas que permitan traducir esta idea en proyectos de ley, destacando la importancia de trabajar de manera coordinada con los municipios.
Nombramiento de jueces y agenda judicial
En paralelo, la mesa del Senado sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para revisar las principales prioridades legislativas del Poder Judicial.
Entre ellas se encuentran iniciativas para crear un Tercer Juzgado Laboral en Santiago, reforzar la dotación de tribunales —especialmente en materia de familia— y avanzar en una reforma constitucional sobre el sistema de nombramiento de jueces.
Tras el encuentro, se destacó la disposición para impulsar estos proyectos, con el objetivo de mejorar el acceso y la oportunidad de la justicia, en un trabajo conjunto entre el Congreso y el Poder Judicial.