Gobierno remueve a superintendente que preparaba sanción por pagos irregulares a Arturo Squella y Marcela Cubillos
La medida se concretó tras una citación en el Mineduc y fue justificada por “pérdida de confianza”, mientras el informe del organismo detectó sueldos sobre las bandas internas y contrataciones que no cumplían requisitos.
La Subsecretaría de Educación Superior solicitó la renuncia del superintendente José Miguel Salazar en medio del cierre de una investigación que proponía sancionar a la Universidad San Sebastián por pagos y contrataciones irregulares que involucran a Arturo Squella (Partido Republicano) y Marcela Cubillos (ex UDI).
La salida se concretó este jueves en dependencias del Ministerio de Educación, tras una citación formal desde el equipo jurídico de la subsecretaría, según lo expuesto por Reportea.cl.
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El reportaje señala que fuentes del Mineduc habrían justificado la decisión por “pérdida de confianza” en medio de la instalación de nuevas autoridades del Gobierno encabezado por José Antonio Kast. Además, el medio citado afirma que la remoción responde a una evaluación de jefaturas y que se buscará designar un reemplazo.
La investigación, iniciada en octubre de 2024 tras un reportaje de El Mostrador, detectó irregularidades en la contratación de cerca de 15 personas, en su mayoría dirigentes políticos, además de cuestionamientos a sus niveles salariales.
Entre los hallazgos, el organismo fiscalizador advirtió pagos que excederían las bandas definidas por la propia normativa interna de la universidad, así como contrataciones que no cumplirían con requisitos académicos exigidos, como la posesión de grados de postgrado para ciertos cargos.
La investigación
El reportaje de El Mostrador derivó en una indagatoria que, 14 meses después, concluyó con cargos formales contra el plantel. En la nómina de personas también figura el exfiscal Manuel Guerra, actualmente en prisión preventiva por corrupción.
La universidad había sido notificada el pasado diciembre de los cargos y presentó observaciones al informe. Sin embargo, la eventual sanción —que no podía limitarse a una amonestación, dado un antecedente previo de 2025 por una “sede fantasma” en Rancagua— quedó en suspenso tras la salida de la autoridad encargada del proceso.
Salazar había asumido el cargo en 2023 a través del sistema de Alta Dirección Pública. A diferencia de su caso, otras autoridades del sector educacional también evaluadas por el Ejecutivo no fueron removidas de forma inmediata, manteniendo plazos distintos para su salida.
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