Durante este jueves, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, conversó con Ciudadano ADN y abordó la aprobación en general en el Senado del proyecto que permitiría reemplazar penas de cárcel por arresto domiciliario para adultos mayores o personas con enfermedades graves, advirtiendo que la iniciativa podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Es bien alarmante lo que pasó ayer en el Senado, la verdad. Es difícil de comprender. Este es un proyecto que se tramitó en la Comisión de Derechos Humanos, y a pesar de que ayer se dijo que el Ejecutivo no participó en la discusión ni entregó su opinión, eso no es cierto. Yo participé en todas y cada una de las sesiones de esa comisión”, afirmó.

En esa línea, Quintanilla sostuvo que “en esas instancias hicimos ver los peligros de esta iniciativa, no solo por la falta de adecuación a los estándares internacionales en casos de criminales de lesa humanidad —lo que, como tú decías Sandra, es muy preocupante—, sino también por otras deficiencias”, explicó.

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“En la legislación internacional, sí existen mecanismos para acceder a beneficios o a formas alternativas de cumplimiento de pena, pero siempre bajo requisitos especiales cuando se trata de crímenes de lesa humanidad”, indicó.

Entre esos requisitos, mencionó haber cumplido dos tercios de la condena, haber expresado arrepentimiento y haber colaborado con la justicia.

Sin embargo, advirtió que “nada de eso está contemplado en este proyecto. Lo advertimos durante toda la tramitación, porque además tiene una serie de deficiencias técnicas que amplían su alcance de forma peligrosa”, señaló.

“No solo contempla —como se intentó instalar— a personas mayores de 80 años con enfermedades terminales. En realidad, personas mayores de 70 años que hayan cumplido más de 10 años de condena podrían acceder a este beneficio de manera automática”, advirtió.

Alcance del proyecto y posibles beneficiarios

Sobre este punto, agregó que la redacción actual del proyecto obligaría a los tribunales a conceder la medida. “Tal como está redactado el proyecto, el tribunal deberá otorgar la medida alternativa. No es una revisión caso a caso ni una discusión judicial: simplemente se aplica. Y esto podría ocurrir independiente del tipo de delito”, afirmó.

Actualmente, explicó, hay más de 800 personas mayores de 70 años privadas de libertad, de las cuales cerca de la mitad está condenada por crímenes de lesa humanidad, mientras que el resto cumple condenas por delitos graves como homicidios o delitos sexuales.

Los detalles de proyecto

Respecto al contenido del proyecto, Quintanilla detalló que la iniciativa contempla cuatro hipótesis de acceso al beneficio.

“La primera es enfermedades crónicas que no puedan tratarse adecuadamente en prisión. Esto no tiene rango de edad. Es decir, una persona de 30 años con asma podría acceder automáticamente”, señaló.

“La segunda es personas con discapacidad que no cuenten con infraestructura adecuada en el recinto penitenciario”, agregó.

“La tercera hipótesis es enfermedad terminal, que efectivamente parece razonable cuando se trata de alguien sin posibilidad de recuperación”, explicó.

No obstante, planteó que las primeras categorías tendrían un alcance muy amplio. “Pero las dos primeras hipótesis son muy amplias. Solo en enfermedades crónicas hay más de 10 mil personas, y en discapacidad más de 1.100”, afirmó.

Finalmente, mencionó la cuarta condición considerada en la iniciativa. “La cuarta hipótesis contempla a personas mayores de 70 años que hayan cumplido más de 10 años de condena, sin considerar su estado de salud”, indicó.

La subsecretaria también cuestionó que el proyecto no establezca distinciones según la gravedad de los delitos ni mecanismos claros de control. “En ninguna de estas hipótesis se diferencia el tipo de delito, ni se establecen mecanismos claros para acreditar las condiciones médicas, ni tampoco cómo se verificará el cumplimiento efectivo del arresto domiciliario”, sostuvo.