Estados Unidos impone restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno por presunta amenaza a la seguridad regional
El Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, sancionó a autoridades del gobierno chileno por presunto daño a infraestructura crítica.
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El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno chileno, acusados de haber participado en acciones que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional en el hemisferio.
La medida fue informada mediante una declaración oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron o brindaron apoyo significativo” a actividades que, a juicio de Washington, socavaron la estabilidad regional.
Como consecuencia, los funcionarios y sus familiares directos quedarán, en términos generales, impedidos de ingresar a territorio estadounidense, y cualquier visa vigente fue revocada.
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Desde el Departamento de Estado indicaron que la decisión se adopta en el marco de la legislación migratoria estadounidense, específicamente bajo las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que facultan al Ejecutivo a restringir el ingreso de personas consideradas perjudiciales para los intereses de seguridad nacional.
En la declaración, la administración estadounidense afirmó que estas acciones buscan “proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad” del país norteamericano, además de promover la rendición de cuentas frente a eventuales intentos de desestabilización en la región.
El comunicado también incluyó críticas al actual gobierno chileno, señalando que estas decisiones marcarían negativamente su legado en materia de seguridad regional. Asimismo, Washington expresó su intención de avanzar en prioridades compartidas con la futura administración encabezada por José Antonio Kast, particularmente en áreas vinculadas a la cooperación en seguridad hemisférica.
Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente los nombres de los funcionarios afectados ni detalles específicos sobre las acciones que habrían motivado la sanción. Tampoco se ha informado una reacción oficial desde el Ejecutivo chileno.