Durante la audiencia en que se decretó la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago puso especial énfasis en las condiciones de salud de la imputada y en las medidas que deberá adoptar el Estado mientras se encuentre privada de libertad.

Con esta resolución, Vivanco se convirtió en la primera exintegrante del máximo tribunal en quedar privada de libertad bajo la medida cautelar más gravosa. Según se informó en audiencia, será trasladada a un módulo de la cárcel de San Joaquín, donde permanecerá mientras se desarrolla la investigación.

En ese contexto, el juez Cristian Sánchez ordenó que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile concurra a entrevistarse con Vivanco y con los médicos que la asisten, con el objetivo de levantar información clínica actualizada sobre las patologías que presenta.

A partir de ese diagnóstico, Gendarmería deberá asegurar la entrega o el ingreso de los medicamentos necesarios para su tratamiento, sin interrupciones.

Asimismo, el tribunal instruyó que se elabore una guía de alimentación especial, adecuada a sus requerimientos médicos, la que deberá ser implementada durante su permanencia en el recinto penitenciario.

Según informó el juez, estas medidas buscan garantizar la continuidad de sus tratamientos y prevenir eventuales complicaciones de salud mientras cumple la medida cautelar.

La prisión preventiva

El magistrado recalcó que, más allá de la gravedad de los delitos imputados, es responsabilidad del Estado resguardar la integridad física y la salud de la imputada mientras se encuentre bajo custodia, descartando que su condición médica sea incompatible con el régimen de prisión preventiva.

Vivanco permanecerá en la cárcel de San Joaquín, donde se mantendrá bajo observación y con seguimiento médico, a la espera de lo que resuelvan instancias superiores tras la apelación anunciada por su defensa.