Diputado Raúl Soto (PPD) critica polémica por “ley de amarres” y la califica como “un error político del gobierno”

El diputado del PPD, Raúl Soto, se refirió con dureza a la polémica generada por la denominada “ley de amarres” impulsada por el gobierno en el marco del reajuste del sector público, calificando el episodio como “un error político” que terminó beneficiando el relato de la derecha en pleno período de transición presidencial.

En conversación con Radio ADN, el parlamentario sostuvo que la iniciativa fue mal manejada desde el punto de vista comunicacional y estratégico.

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“Esto es un error político, probablemente el último error político del gobierno”, afirmó, agregando que la situación “ensució el debate de la Cámara” y entregó “en bandeja un relato contrario a los intereses del gobierno y del futuro oficialismo”, afirmó.

Soto explicó que transmitió directamente su molestia al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señalándole que el planteamiento fue torpe y mal explicado. “Había algo de torpeza en ese planteamiento y en no haberlo explicado de otra forma, sino que salir a contrarrestar la situación de manera tardía, después de la filtración”, señaló.

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Pese a las críticas, el diputado fue enfático en descartar cualquier respaldo a la acusación constitucional anunciada por la UDI contra el titular de Hacienda.

“Bajo ningún punto de vista vamos a respaldar una acusación constitucional. Creemos que es una medida absolutamente injustificada”, afirmó, acusando a la oposición de buscar una “pequeña ventaja política” a meses del término del gobierno.

En ese sentido, Soto defendió que las diferencias con un proyecto de ley deben resolverse en el Congreso. “Cuando a uno no le gusta un proyecto de ley, lo que corresponde es tratar de cambiarlo o votarlo en contra, no acusar constitucionalmente a un ministro porque el proyecto no me gusta. Eso es directamente antidemocrático”, enfatizó.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que aún existe margen para corregir la norma y alcanzar acuerdos. “Hay espacio para construir un acuerdo que dé certezas a los funcionarios públicos y permita cerrar este traspié político”, concluyó.