Frente Amplio descarta vínculo financiero con ProCultura y critican “pinchazo” a Boric: “Parece una estrategia de espionaje con fines políticos”
Además, cargaron contra el fiscal Patricio Cooper por las escuchas al Presidente, afirmando que “replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente”.
Agencia UNO
A través de un comunicado, el Frente Amplio (FA) se refirió a las últimas revelaciones sobre la investigación a la fundación ProCultura, una de las aristas del denominado Caso Convenios.
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Esto a propósito de las conversaciones que mantuvieron el director de la fundación, Alberto Larraín, fundador de la fundación, y el ahora presidente de la colectividad oficialista, Diego Ibáñez, en un grupo de WhatsApp.
En estos, a los que accedió T13, el timonel del FA señala que la tienda mantenía una “deuda de millones por el Apruebo que se rechazó”.
Al respecto, desde el Frente Amplio señalaron que "no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada“.
“Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel, y la información ahí contenida es de carácter público. Lo difundido, por tanto, tiene como finalidad instalar la sospecha sólo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales", agregaron.
Además, cargaron contra el fiscal a cargo de la investigación contra ProCultura, Patricio Cooper, por las escuchas al Presidente Gabriel Boric, afirmando que “replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente”.
Según indicaron en el documento, la acción del persecutor “basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa”, tiene como finalidad “desprestigiar al Presidente y generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”.
Asimismo, expresaron que “escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas”.
También se refirieron a la polémica que generó la escucha a una conversación del Mandatario con Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la fundación investigada.
“Al no estar imputada en la causa, la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad”, aseguraron.
Finalmente, declararon que “resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos. Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones".
“La magnitud de las interceptaciones más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024- no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia“, cerraron.
