La primera de este tipo: Gobierno presenta primera querella por Ley Antiterrorista tras atentado incendiario en central Rucalhue
La acción legal representa la primera invocación formal de la nueva normativa antiterrorista, promulgada en 2024 para sustituir la antigua Ley 18.314.
Agencia Uno
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Este martes, se dio a conocer que el Ministerio de Seguridad Pública presentó la primera querella invocando la nueva Ley Antiterrorista (Ley N° 21.732), a raíz del ataque incendiario perpetrado el 20 de abril de 2025 en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara, región del Biobío.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de abril pasado, cuando al menos 12 individuos encapuchados, armados con armas cortas y largas, irrumpieron en las instalaciones de la faena en construcción.
Los atacantes redujeron a los guardias de seguridad mediante amenazas y golpes, y luego incendiaron 46 camiones tolva, maquinaria pesada y vehículos, usando líquidos acelerantes. Uno de los vigilantes resultó con lesiones graves y el fuego puso en riesgo a viviendas aledañas.
Agencia Uno
Según la querella, interpuesta en el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara por abogados en representación del ministro Luis Cordero, los hechos constituyen los delitos de asociación terrorista, incendio, porte ilegal y porte de arma de fuego prohibida, además de disparos injustificados. La acción judicial apunta a “todos quienes resulten responsables”.
En el sitio del atentado se hallaron lienzos con consignas vinculadas a la agrupación radical Weichán Auka Mapu (WAM), lo que, según el texto judicial, podría vincular el ataque con una serie de atentados similares ocurridos en la Macrozona Sur en los últimos años.
La acción se sustenta en que el ataque se habría ejecutado con un alto nivel de organización y logística, con el objetivo de desestabilizar estructuras del Estado democrático y desalentar inversiones en la zona, lo que —según la ley— configura una conducta terrorista.
La central Rucalhue se encuentra en una zona bajo estado de excepción desde mayo de 2022. En esa línea, la querella representa la primera invocación formal de la nueva normativa antiterrorista, promulgada en 2024 para sustituir la antigua Ley 18.314, y marca un precedente en el uso de esta legislación por parte del Ejecutivo.
