El Salvador: estudio expone las violaciones a los derechos humanos en régimen de Bukele

San Salvador de El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele suma un nuevo informe especializado que expone las violaciones a los derechos humanos a dos años de que instaurara un régimen de excepción que restringe derechos constitucionales de la ciudadanía. El Observatorio Universitario de DDHH (OUDH) expuso que durante 2025 el estado salvadoreño fue responsable de desplazamientos forzados, vulneraciones a la libertad y a la vida. El régimen del gobernante derechista acumula varias denuncias desde que decidiera hacer detenciones masivas con la excusa de reforzar la seguridad.

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El OUDH, entidad parte del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, da cuenta que el año pasado hubo 142 casos de personas muertas mientras se encontraban detenidas en instalaciones a cargo del estado. El organismo del país centroamericano apunta al débil rol de la fiscalía general, a cargo de Rodolfo Delgado, quien eligió archivar las investigaciones sobre esos fallecimientos. En los dos años de estado de excepción en El Salvador se registran al menos 200 muertes bajo la vigilancia de entidades y agentes estatales.

La directora del instituto universitario salvadoreño, Gabriela Santos, manifestó que “es preocupante lo grave que resulta que, a partir del régimen de excepción, es el estado el principal agente generador de desplazamiento, de afectaciones a la integridad y la vida”. El reporte del organismo detalla que durante 2023 en esa nación latinoamericana se registraron al menos 123 desapariciones forzadas y más de 2.000 ciudadanos que enfrentan un desplazamiento forzado. El gobierno de Nayib Bukele estableció el régimen de excepción en marzo de 2022 y acumula más de 79.200 detenciones.

Desde marzo de 2022 al mismo mes en 2024 se conocen más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos en El Salvador. Desde la OUDH comentaron que la Procuraduría General de la República detectó un incremento de desplazamiento forzado del 78,5 % el año pasado. Ese fenómeno afectó a 2.099 personas y los datos de organizaciones humanitarias detallan que la responsabilidad de esos casos implica a agentes de las fuerzas de seguridad.

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