Abogado de juez Urrutia califica de “ignorancia sublime” las críticas del mundo político tras autorización de videollamadas a presos

La decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, respecto a 13 reos del Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) vinculados al crimen organizado (de Los Gallegos, del Tren de Aragua, de Los Naros, los involucrados en el crimen del cabo Palma, de Los Macacos y más) se tomó el debate de los últimos días. Una situación que llegó al legislativo, con una crítica transversal por parte de diputadas y diputados, tanto del oficialismo como de la oposición.

El diputado Raúl Leiva (PS) calificó la opción de Urrutia como una “situación muy compleja”; la senadora Luz Ebensperger (UDI) fue más allá y lo tildó como “extremadamente grave”; e incluso desde el Gobierno abordaron la situación.

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El abogado defensor del magistrado, Carlos Quezada, respondió a los dichos: “Las críticas que ha recibido la resolución del magistrado Urrutia y él como persona son bastante disímiles en sí. La que preocupa es la que viene del mundo político y, particularmente, de aquellos que están en el Congreso nacional, porque significaría, en la práctica, que nuestros propios diputados -y creo que no hay ningún senador, pero si hubiera alguno- no conocen cuál es la legislación vigente y cuáles son los tratados internacionales ratificados por Chile, lo cual es un tema peligroso, porque son las normas que ellos mismos han aprobado y que debieran, en principio, conocer para efectos de intentar hacer una crítica”.

“En ese contexto, las críticas que se han fundado son bastante -por llamarlas, por llamarlas por algún término simple- ridículas. En el contexto que la resolución está dentro de las funciones que tiene que cumplir el juez de Garantía en su visita de cárcel y dentro de las obligaciones que les establece el código procesal penal, el código orgánico de tribunales y los tratados internacionales ratificado por Chile (...) Son eco básico de una ignorancia sublime en materia de legislación penal y humanitaria vigente en Chile”.

Este lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, retomó su trabajo tras unas vacaciones. Y fue, por cierto, también un tema que abordó.

“En primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento. Y en tercer lugar, en este punto, el Ejecutivo tiene una opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de la que las personas están ahí, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad en el país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión”, planteó.

En la misma línea, la ministra de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich apuntó a que es la Corte de Apelaciones la que, en “un asunto procesal” y siendo la entidad superiora jerárquica de Urrutia, la que debe pronunciarse respecto a las apelaciones: “Todos los jueces y las juezas del país tienen que tener la máxima tranquilidad para poder desempeñar sus funciones”.