A raíz de los casos de corrupción: proponen que Partido Políticos tengan responsabilidad por el actuar de sus militantes

La diputada Karen Medina, perteneciente al Partido de la Gente (PDG), ha presentado un proyecto de ley que busca responsabilizar a los partidos políticos por las acciones de las autoridades públicas afiliadas o respaldadas por ellos.

Este proyecto surge en el contexto del caso de Cathy Barriga, donde ningún miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se ha hecho responsable de sus acciones como alcaldesa de Maipú, donde está formalizada y en arresto domiciliario total, a pesar de contar con el respaldo del partido.

La iniciativa tiene como objetivo establecer una responsabilidad solidaria de los partidos políticos cuando sus afiliados o candidatos respaldados resulten electos como autoridades democráticamente elegidas y sean condenados a restituir fondos públicos por sentencia judicial debido a acciones realizadas durante su ejercicio en funciones públicas.

Robo en Ministerio de Desarrollo Social: Espinoza asegura que “fue un tongo” y apunta hacia entorno de Giorgio Jackson

“Lo doy por superado”: diputado Ibáñez no reconoce como error sus dichos contra la senadora Rincón y tampoco considera disculparse

Este proyecto se fundamenta en casos de malversación de fondos públicos por parte de figuras electas en los últimos cuatro años y la preocupación por la falta de recuperación total o parcial de los recursos defraudados.

La diputada Medina enfatiza que este proyecto busca abordar la falta de capacidades profesionales y éticas de algunos candidatos respaldados por partidos políticos. La propuesta pretende enfrentar el problema en su raíz, que es la elección de candidatos sin idoneidad y ética.

La diputada destaca que su objetivo es enviar una señal que promueva una mayor responsabilidad política en la selección de candidatos por parte de los partidos políticos, asegurando que asuman la responsabilidad de promover líderes íntegros y competentes.

Esta propuesta legislativa busca impulsar un mayor escrutinio y responsabilidad en el proceso de selección de candidatos políticos y promover la integridad y competencia de las autoridades públicas electas.