Tarapacá

Al menos dos hechos criminales han marcad a la región de Tarapacá desde que Trinidad Steinert Herrera llegó a asumir la fiscalía local: un triple homicidio con signos de una violencia bestial que quedó al descubierto en Alto Hospicio; y el último, el 15 de abril pasado, cuando el cuerpo de un hombre apareció en Playa Blanca, Iquique, con seis impactos de bala.

Del primero, ocurrido el 3 de abril pasado, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) sabe que eran dos hombres y una mujer, todos chilenos, cuyo “fallecimiento obedeció a elementos contundentes: se entiende que podría corresponde a un machete”. Del segundo, en tanto, se supo que “es venezolano, pero que estuvo un tiempo en Ecuador”.

“En ambos casos tenemos líneas investigativas, el Ministerio Público se encuentra desarrollando actividades de investigación intensamente, con la BH. Esperamos tener resultados prontamente. Pero no olvidemos que estas causas son de larga data: es muy extraño que tengamos resultados inmediatamente porque ambos hechos están vinculados a crimen organizado”, precisó rápidamente la persecutora.

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En el primero, estaban amarrados de pies y manos y uno de ellos, al menos, con la boca sellada. Del segundo su paso por Ecuador podría ayudar a esclarecer la identidad de los autores del hecho, así como también el móvil.

Contó la fiscal: “Ninguna banda se la está adjudicando, pero voy a dar un ejemplo: el fallecido por disparos corresponde a un venezolano que estuvo en la cárcel de Ecuador bastante tiempo, privado de libertad. Por eso tiene línea investigativa con el crimen organizado. Le doy este ejemplo, porque se entiende que está vinculado a la banda Los Choneros, que actuaba en Ecuador, muy vinculada al tráfico de drogas, de armas, extorsiones, secuestros. Por eso hablo de crimen organizado: porque no son asesinatos provocados por un conflicto vecinal; tienen que ver más que nada con delitos de mayor entidad, transnacionales y obedecen a estas bandas criminales”.

Del triple homicidio se conoce: “Por ahora, también tenemos una línea investigativa vinculada a otra banda criminal, que tiene que ver con el tráfico de droga. Pudiera estar vinculada por ahora a Los Piratas (de Aragua). Es una célula que se separó al Tren en su momento y empezó a actuar de forma separada”.

Ese es el estado del crimen organizado en la región, a juicio de la persecutora Steinert. Mientras tanto, la entidad se encuentra en preparación del juicio oral en contra de 11 imputados vinculados al Tren de Aragua en 11 hechos: “Estamos pidiendo presidios perpetuos calificados y penas muy altas de distintos delitos, como tráfico ilícito de drogas, trata de personas destinadas a comercio sexual, extorsión, amenazas y asesinatos, con uno de los líderes más importantes de esa banda criminal. Esa audiencia debería ser el viernes. Luego vendría el juicio oral”.

Audiencias presenciales

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo presentado por ocho abogados de la Defensoría Penal Pública y resolvió que el juicio en contra de 38 acusados vinculados a la organización criminal internacional Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, sea presencial y no telemática, como se había pedido, por razones de seguridad. “Peligroso”, a juicio de la fiscal Steinert, por resumirlo de alguna forma.

Entró después en el detalle: “Lo encuentro peligroso, estamos de acuerdo con el fiscal regional de Arica. Hay un riesgo, no solo en el traslado de los imputados acusados; también hay un riesgo para la región misma. Espero que la decisión se revierta. No sé si el fiscal regional de Arica irá a interponer un recurso de apelación ante esta decisión de la ilustrísima Corte de Apelación de Arica para revertir esta decisión. Pero es un riesgo y esperamos que se pueda revertir esta decisión judicial y que el día de mañana, si acá se establece este debate, que estas audiencias sean telemáticas, no solo para la seguridad de los intervinientes, sino de la misma región y evitar la posibilidad de que se establezca una posibilidad tendiente a evitar que los acusados asuman su responsabilidad y se logre la fuga de ellos, que es sumamente peligroso”-

La protección (o el riesgo) es transversal: “Es relevante que las audiencias sean telemáticas para protección de fiscales y demás intervinientes: víctimas, testigos, policías que han actuado como agentes encubiertos, por ejemplo. Espero que así sea y lo resuelvan los tribunales así. Acá las audiencias han sido telemáticas y vamos a seguir enarbolando esa bandera de lucha, por todas las aristas que tiene una resolución como la pronunciada como la ilustrísima Corte de Arica en cuanto al riesgo. No es menor. Tenemos que estar muy atentos y en Tarapacá vamos a insistir en eso”.

Hezbolá y frontera

Luego del desmentido transversal sobre los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la presencia del grupo terrorista Hezbolá en Chile, en los dos meses que la fiscal Steinert lleva en el cargo, la Fiscalía Regional de Tarapacá “no tiene ninguna denuncia por el tema enarbolado por la ministra argentina: pregunté, averiguamos y acá en la región no tenemos a nadie acusado ni privado de libertad, ni siquiera denunciado. No tengo yo nada. Si tuviera una denuncia seria, claramente podría iniciarse de oficio uan investigación. Pero no tengo”.

Finalmente, sobre el rol de la Fiscalía en las posibles fugas de los responsables del crimen del teniente Ronald Ojeda y también por el del mayor Emmanuel Sánchez, adelantó para su zona:

“El fiscal nacional, preocupado por la situación, tiene un proyecto para que nosotros estemos en frontera. Próximamente se va a inaugurar la oficina de frontera que tiene por objeto tener más presencia del Ministerio Público en dicha zona. Esperamos contar con esa oficina a mediados de este año, agosto, donde estarán presentes cuatro funcionarios del Ministerio Público encargado por un fiscal de la zona, con turnos semanales, para poder estar 24 horas y así hacernos cargo más directamente a cualquier procedimiento que esté en frontera y dar las instrucciones y ordene inmediatamente del Ministerio Público, para hacer más eficiente la persecución penal y la protección de víctima, en especial de niños y niñas que puedan estar siendo objetos de algún ilícito”.