Directora de ONG EnMarcha sobre Ley Sayén: «No queremos que nazcan más niños en las cárceles»
Francisca Hidalgo conversó con Ciudadano ADN sobre el proyecto de ley que regula la situación carcelaria de mujeres embarazadas.


EnMarcha es una ONG que lleva 13 años trabajando para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y hace 8 se enfoca en los niños y niñas con familiares privados de libertad. Su directora, Francisca Hidalgo, conversó con Ciudadano ADN sobre la Ley Sayén, el proyecto que regula la situación carcelaria de mujeres embarazadas.
Una iniciativa que se presentó en enero de 2017, y que surgió a raíz de lo ocurrido con Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que dio a luz a su hija Sayén engrillada a la camilla por estar privada de libertad.
«No queremos que nazcan más niños en las cárceles», manifestó Hidalgo, que especificó que la Ley Sayén «es un proyecto que nace de la sociedad civil», pese al respaldo recibido de los parlamentarios que lo presentaron, los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana.
Lo que se busca, explicó, es «que las mujeres que tienen hijos menores de tres años o están embarazadas no vayan a prisión ni tengan ninguna pena privativa de libertad. Consideramos que es relevante porque son los primeros años de vida, una etapa de vital importancia, donde cualquier experiencia traumática impacta de forma significativa».
Y el nombre de Sayén, indicó, se eligió porque se trató de «un caso emblemático que permite visibilizar esta realidad». Un proyecto de ley que estaba durmiendo en el Congreso, hasta que «hace tres semanas partió en la Comisión de Derechos Humanos su discusión», según relató Hidalgo.
En Chile las mujeres privadas de libertad son el 8% de la población penitenciaria, según datos que entregó la profesional, y de ellas una alta tasa cumple prisión preventiva o está detenida por delitos de microtráfico de drogas. Son mujeres que, explicó, «se dedican al microtráfico desde sus casas. Mujeres pobres, que lo ven como una alternativa al trabajo». Y en el norte de nuestro país, la mayoría de mujeres en esta situación son además extranjeras, principalmente de origen boliviano que operaron como «mulas». «El nivel de peligrosidad de estas mujeres es muy bajo», sentenció Hidalgo.
Las condiciones en las que permanecen en prisión con sus hijos pueden ser muy duras. «Se habilita un espacio distinto. A algunos espacios les falta luz natural, o son muy húmedos. En Arica hay casos de celdas donde está una mujer y su bebé», explicó.
Por eso, insistió Hidalgo, lo que promueve este proyecto de ley «tiene que ver con el interés superior del niño. No por cualquier delito tienen que ir a parar a la cárcel. Hay muchas formas». En el caso de la prisión preventiva, indicó, «pueden estar en sus casas, no son un riesgo para la sociedad». O también se plantean opciones como la reclusión domiciliaria con control telemático mediante pulseras que monitorean a las detenidas.
Un perfil de mujeres que, dada su condición, sufre una doble sentencia, «además del delito, ser mala madre: que por qué no pensó en su hijo. Una sanción social», según expresó la profesional. Incluso, en el caso de Lorenza Cayuhan, fue triple, «al ser mapuche», y sufrir una situación que «no es un procedimiento de Gendarmería, fue una brutalidad. No hay un reglamento que diga que la mujer tenga que salir engrillada».
Hidalgo enfatizó que «nunca una cárcel va a ser un lugar cómodo para un adulto, tampoco para un niño”. En Chile, explicó, existen ocho centros penales con sección maternal, que «tienen jardines dentro. La vida de estos niños se da en la cárcel. Es una burbuja, ese niño o niña no sale de ahí. En el caso de las madres extranjeras es más brutal aún, porque sus familias están muy lejos. Esos niños no tienen posibilidad de salir».
Y consultada respecto a si este tipo de iniciativas tienen respaldo en la población, Hidalgo expresó que «todos los temas relacionados con cárcel jamás van a generar empatía. Se entiende como si fuera un perdonazo. Nadie dice que esos delitos no deban ser sancionados, pero pensemos en los impactos y en el nivel de peligrosidad de los delitos. No son psicópatas». Sin embargo, aclaró que «por primera vez este ministro de Justicia declaró que hay interés de legislar en esto. Eso es un acto político», agregando que «parece que de aquí a fin de año vamos a tener buenas noticias».




