Registro Social de Hogares: 800 mil familias cambian de tramo y podrán acceder a nuevos beneficios

Durante la jornada de este lunes, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) dio a conocer las mejoras implementadas en la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), las cuales permitirán que más de 779 mil familias postulen a beneficios que antes no podían obtener.

Los nuevos cambios corresponden a una actualización a la manera en que se calculan los tramos socioeconómicos, con el objetivo de fortalecer su precisión, legitimidad y oportunidad. De tal forma, miles de familias podrán optar a las ayudas estatales.

Los cambios en el RSH

En total, desde el Mideso aseguraron que 779.131 hogares podrán solicitar los beneficios a los cuales antes no tenían la oportunidad de acceder.

En concreto, la Subsecretaría de Evaluación Social incorporó nuevos datos al RSH. Gracias a ello, ahora aproximadamente 420 mil hogares ingresarán al tramo del 60%, mientras que casi 360 mil familias accederán al tramo del 40%. Cabe señalar, que ambos tramos es donde se concentran los mayores beneficios del Estado.

¿Cuáles son las mejoras que beneficiarán a 800 mil familias?

En primer lugar, una medida que se implementó es que se incorporará al Registro Nacional de Deudores. Esto permitirá que no se sumen como ingreso económico las pensiones de alimentos impagas, lo cual beneficiará principalmente a mujeres y sus hijos.

Otra mejora, es que con los resultados de la Encuesta Casen 2022, se van a actualizar los límites en los tramos de la Calificación Socioeconómica que datan del 2o17. De esta forma, los ingresos que se consideran para cada tramo representarán mejor la realidad del país.

En tercer lugar, habrá nuevas fuentes de información para acreditar dependencia, discapacidad e invalidez en el Registro Social de Hogares. Algunas de ellas, son: Subsidio de Discapacidad Ministerio de Desarrollo Social y Familia para niños, niñas y adolescentes, Pensiones Básicas Solidarias, entre otros.

Por último, se estableció que tanto las pensiones de reparación incluidas en los informes Rettig y Valech, como las personas exoneradas políticas, no se considerarán como ingresos económicos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica.