Ministra Rincón dice que paro del registro civil vulnera derechos ciudadanos
En un juego semántico las autoridades de Gobierno expresaron que están disponibles a dialogar una vez que el servicio esté normalizado.
La ministra del Trabajo,
, reforzó las críticas a la movilización de los funcionarios del
y aseguró que con ella se están “
”.
Frente a ello la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, llamó a terminar con declaraciones “inapropiadas” frente a la protesta de los funcionarios y llamó a “que el camino del diálogo se pueda retomar, pese a los niveles de tensión que evidentemente genera un mayor nivel radicalidad”.
En un juego semántico las autoridades de Gobierno expresaron que están disponibles a dialogar una vez que el servicio esté normalizado, lo que significa que no se sentarán a conversar con los trabajadores hasta que depongan el paro. En respuesta a esa negativa, el pasado 22 de octubre Anercich anunció una radicalización de la movilización y su presidenta Nelly Díaz aseguró que desde este lunes no habrá ningún tipo de atención del servicio.
Díaz responsabilizó de esta situación al Gobierno y acusó una campaña de desprestigio en su contra. La dirigente alega que están informando que ella ganas más de un millón de pesos y que su sueldo líquido supera los 600 mil pesos luego de tres décadas de trabajo en el aparato estatal, lo que le permitirá jubilar en dos años con una pensión inferior a un tercio de ese sueldo. Según afirma, cerca de dos mil funcionarios ganan la mitad de lo que ella gana.
Los funcionarios sostienen que entre 22 servicios públicos ellos figuran en el puesto 20 de acuerdo a nivel de sueldos y que en agosto de 2014 se había firmado un protocolo de acuerdo que resolvía las demandas económicas de Anercich. El pasado 11 de mayo, José Antonio Gómez dejó la cartera de Justicia para asumir en Defensa, sin que se hayan concretado las mejoras.
Gómez habría ofrecido a los funcionarios un bono, imposible de aprobar por el Ejecutivo ante la priorización presupuestaria que se decidió hacer debido a que "las condiciones económicas de Chile son más adversas”, según explicó el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, este fin de semana.
