MAS apoya paro nacional de funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial

Como un “nuevo fracaso” en las negociaciones que está llevando el Gobierno con diversas asociaciones de funcionarios públicos, calificó el Presidente del Movimiento Amplio Social, Felipe Hazbún, el paro nacional de actividades de las Corporaciones de Asistencia Judicial – CAJs.

“El Proyecto de Ley que el ministerio de Hacienda quiere ingresar al parlamento, busca externalizar el Servicio que prestan las Corporaciones en un porcentaje significativo, para en el futuro ir reduciendo año a año la Planta de funcionarios y entregar a privados la función pública que le corresponde. La creación de un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica no puede ser a costa de reducir la actual oferta pública, entregando a privados esta delicada tarea. Si apuntamos hacia una privatización de lo servicios del estado, no podremos construir un país donde las políticas sociales sean prioridad, pues no tendremos desde dónde aplicarlas, no tendremos instrumentos ni tampoco instituciones”, puntualizó.

Para los usuarios, este Proyecto significa que se cierran más de la mitad de los Centros de Atención – en comunas pequeñas principalmente – y establece como línea de corte para los beneficiarios un monto de $380.000 como ingreso familiar, lo que es muy grave también, considera Hazbún.

 “Claramente con esto botamos a la basura todo el avance respecto de la Ficha de Protección Social, que han establecido una serie de indicadores más representativos de la situación socio económica de los usuarios”, puntualizó.

El directivo recordó la utilidad que prestan estas instituciones a la población, pues “trabajé haciendo mi práctica en una de las Corporaciones, como todo estudiante de Derecho, lo que me hizo conocer de cerca la realidad de las personas que asisten a pedir ayuda jurídica, en su mayoría personas de escasos recursos que no tiene de dónde pagar un abogado. Los funcionarios que allí trabajan reciben causas de todo tipo, y generalmente tiene una disposición envidiable, teniendo en cuenta los mínimos recursos con que trabajan”.

Para el ex dirigente FECH, es parte de una función pública el otorgar una asistencia jurídica de calidad a la gente, “un deber constitucional del Estado con sus habitantes, pues el acceso a la justicia debe ser para todos, también como política de gobierno. El área social que más ha quedado huérfana es la justicia, como puede verse en los paros de las CAJs y Gendarmería, sólo en esta semana. Son los hermanos pobres del sistema judicial, en comparación con las otras instituciones que lo conforman. Mientras fiscales reciben sueldos millonarios, en las Corporaciones de Asistencia Judicial debe lidiar con una escasez de recursos gigantesca, que podemos constatar en los alumnos en práctica, que ni siquiera reciben sueldo para locomoción o alimentación. Con ese tipo de diferencias sólo reproducimos los vicios del sistema de mercado, existiendo en este caso una justicia para ricos y otra para los pobres. El Gobierno debe inyectar dinero en estas instituciones de manera urgente, en vez de abaratar costos privatizándola, como lo ha hecho con otros recursos del país”.