Renovación Nacional rechaza idea de reabrir comisiones Valech y Rettig
La diputada Lily Pérez aseguró que el Gobierno ha actuado con falta de prolijidad en el proceso de confirmar si los nombres aparecidos en los listados de las comisiones efectivamente correspondían a detenidos desaparecidos.
La secretaria general de Renovación Nacional, Lily Pérez, manifestó este lunes su rechazo a la eventual reapertura de la comisiones Valech y Rettig por estimar que ello haría un daño enorme a la causa de los Derechos Humanos poniendo en tela de juicio lo obrado en dichas instancias y calificó de negligente la actuación del Gobierno en esta materia.
"Reabrir, como han dejado ver algunos miembros del gobierno, la comisión Valech o la comisión Rettig nosotros no lo compartimos. Porque estas comisiones lo que hicieron fue en primer lugar dar un reconocimiento oficial a las violaciones de los Derechos Humanos en nuestro país y, en segundo lugar, reparar a las personas que fueron víctimas, o sus familias, de esta situación", recalcó la dirigenta de Renovación Nacional.
Pérez afirmó que el Gobierno ha sido negligente y ha actuado con falta de prolijidad en el proceso de confirmar si los nombre aparecidos en los listados de las comisiones efectivamente correspondían a detenidos desaparecidos, esto último ante la aparición de tres nuevos ‘falsos’ casos de víctimas de la represión de la dictadura militar.
La diputada explicó que el Gobierno debería haber efectuado un cruce de información del Registro Civil con los nombres que figuraban en las comisiones por lo que se sabría efectivamente quiénes eran detenidos desaparecidos y quiénes no lo eran.
Además, calificó de inaceptable las descalificaciones del ministro secretario general de gobierno, Francisco Vidal, hacia la derecha, argumentando que con ello el vocero estaría "responsabilizando a la Alianza" de haber hecho pública la situación de que hay más de una persona recibiendo beneficios como detenido desaparecido cuando nunca ha estado en esa calidad.
Pérez emplazó a La Moneda a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público sobre beneficiados que han engañado al Estado; a la Contraloría para que investigue a los funcionarios públicos que pueden tener alguna responsabilidad en estos errores y, por último, al Consejo de Defensa del Estado para que estudie la equivocada entrega de los beneficios y un eventual fraude al Estado.
