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Gobierno confía en que Senado aprobará proyecto que regula el lobby

El subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, afirmó que es "un proyecto necesario, conveniente y que ha recogido el consenso. Ciertamente, cuando uno logra un consenso no satisface todo lo que quisieran ni unos ni otros".

El subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, aseguró que el proyecto de ley que regula el ejercicio de lobby y que hoy se votará en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, cuenta con el consenso necesario de los sectores políticos para ser aprobado definitivamente dentro Parlamento.

En este sentido, el funcionario de Gobierno reconoció a Agencia UPI que si bien existieron discrepancias e intereses diversos de parte de las distintas bancadas legislativas al interior de la Comisión, esto, a su juicio, no coartará una rápida aprobación de la renovada normativa legal.

Ante esto, declaró que "entiendo que sí (hay consenso), yo percibo eso", y agregó que el "interés (de ciertos sectores políticos) se refleja en que ha sido una norma ampliamente discutida, y yo creo que, ha sido ampliamente discutida precisamente por el interés y no por el deseo de colocar obstáculos", manifestó.

Añadió que este es "un proyecto necesario, conveniente y que ha recogido el consenso que sobre esta materia existe en el plano Parlamentario. Ciertamente, cuando uno logra un consenso no satisface todo lo que quisieran ni unos ni otros".

Entre los puntos importantes de destacar del proyecto, está definir qué se considera lobby, la obligación de registrar y publicar los contenidos de las audiencias o reuniones sostenidas entre lobbistas con los directorios de empresas estatales, la creación de tres registros de lobbistas, la fijación de multas para quienes ejerzan ilegalmente la actividad o lo hagan sin estar inscritos (que superarían en caso de reincidencia los 15 millones de pesos), entre otros.

Además, destaca la prohibición que abarca a autoridades de la administración del Estado, el Poder Legislativo, Judicial, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, de la justicia electoral, Banco Central, Contraloría General de la República, administración interior del Estado, entre otros, de hacer lobby hasta después de dos años de haber dejado estos cargos estatales, a fin de promover la transparencia y eliminar el tráfico de influencias y corrupción.

Riveros evitó referirse a casos puntuales que pudieran haber instado a la adopción de esta iniciativa legal, pero sí enfatizó en que "alguna de las experiencias vividas (en el pasado) es lo que en definitiva obliga a adoptar medidas y prohibiciones de esta naturaleza".

Agregó que "Chile ha llegado a un estándar de desarrollo económico donde la existencia de una ley de esta naturaleza se hace necesaria", dijo deslindando que antaño este tipo de prácticas eran habituales y ponían en riesgo la transparencia e imagen internacional del país.

Cabe destacar que existirán tres tipos de registros de lobbistas: uno a cargo del Consejo de la Transparencia, el segundo en manos del Banco Central y Contraloría General de la República y el tercero pertenecerá a la Comisión de Ética del Senado y a la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados.

El proyecto se votará este mediodía en la comisión del Senado presidida por el senador Carlos Bianchi (Ind.), e integrada por Ricardo Núñez (PS), Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), y Hosaín Sabag (DC).

 

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