«Operación Bermudas y Chamas de Calama» de la PDI desbarata dos organizaciones dedicadas a la trata de blancas: hay 18 formalizados

Una investigación de más de un año, liderada por la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desbaratar dos bandas criminales dedicadas al tráfico y explotación de mujeres en Calama, mayoritariamente de Venezuela y Colombia, en situación de vulnerabilidad, las que eran traídas al país para obligarlas a prostituirse.

En cifras, fueron seis hombres y 12 mujeres las formalizadas por cargos de trata de personas con fines de explotación sexual, de los cuales siete eran venezolanos y dos chilenos. 

La policía civil descubrió que las mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad en su país, por lo que le ofrecían traslado a Chile. Así, llegaban por tierra a Calama, de forma irregular, y luego eran restringidas en inmuebles hasta saldar la deuda por el traslado. Si incumplían, de acuerdo a lo que estableció el fiscal subrogante del caso, Claudio Rojas, la estancia se prolongaba, movilizándolas hasta otros locales administrados por las organizaciones. 

Cada una de las dos organizaciones estaba formada por al menos nueve personas, quienes además tenían roles jerárquicos: líderes, administradores y recaudadores, entre otros. Juntas administraban seis inmuebles que eran dedicados exclusivamente a la prostitución. Las víctimas fueron 35 mujeres. 

Otra característica del caso fue que las organizaciones usaban criptomonedas para ocultar el origen de los recursos obtenidos ilegalmente.

En los allanamientos se incautaron celulares, discos duros y computadores, además de un kilo 361 gramos de cannabis sativa, 100 cartuchos de distintos calibres, más de $4 millones en alcoholes y tabacos, más de $15 millones en peso chileno y más de $52 millones en distintas monedas, distribuidas en 25 cuentas bancarias en distintas entidades financieras.

Los sujetos quedaron en prisión preventiva por 140 días. «Estamos evaluando hacernos parte como querellantes. Hay una red criminal operando en forzar a estas personas para la explotación sexual, además que tiene nexos con otros países», señaló el delegado presidencial local, Miguel Ballesteros Candia. 

No se descarta que pueda haber más detenidos.