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Nuevo comandante en jefe del Ejército firmó informe que acredita quema de archivos de la CNI

El texto, suscrito por Ricardo Martínez, señaló que no se pudo determinar el destino de los documentos y resultó "imposible" aplicar sanciones a responsables por prescripción.

Nuevo comandante en jefe del Ejército firmó informe que acredita quema de archivos de la CNI

Ejército. Imagen referencial. Foto:

"Como resultado de los hechos investigados, se concuerda con lo dictaminado en la Investigación Sumaria Administrativa, en el sentido de que se puede confirmar y acreditar con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982".

Ésta es parte de las conclusiones del informe -al que tuvo acceso la periodista Catalina Gaete y ADN- donde el Ejército admite que los archivos que manejaba la Central Nacional de Información (CNI) durante dicho período, fueron quemados.

Con fecha 03 de junio de 2016, el por entonces jefe del Estado Mayor General, Ricardo Martínez Menanteau -designado ahora nuevo comandante en jefe del Ejército-, firmaba el controvertido documento, en el que se establecía que las autoridades de la Dirección de Inteligencia (DINE) de la época incumplieron "la reglamentación vigente sobre el tratamiento de la documentación".

"Resulta absolutamente antirreglamentaria la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001, siendo reprochable y objeto de sanciones la destrucción sin la confección de la correspondiente acta de incineración", señalaba.

En razón de declaraciones testimoniales, el informe -de carácter reservado- concluye que los archivos "de la Central Nacional de Informaciones no contenía materias de operaciones de inteligencia y que, encontrándose microfilmada, fue incinerada sin la confección de actas de incineración".


 

Frei Montalva

La solicitud, ingresada a través de Transparencia, apuntaba a acceder a la "copia de todas las actas de incineración y/o actas de destrucción de documentos emitidas por cualquier departamento/dirección/unidad del Ejército de Chile, entre el 5 de octubre de 1988 y el 11 de marzo de 1994".

Una vez en el Ejército, el propio general Martínez designó al general de Brigada Juan Eduardo González para que también indagara quiénes estaban detrás de la ejecución de las actividades de inteligencia, la carpeta operativa sobre acciones realizadas hacia el Presidente Eduardo Frei Montalva y el destino que tuvo cada uno de los documentos citados.

Así fue como la resolución, acorde a lo expuesto, concluyó que "se incumplieron las disposiciones reglamentarias referidas al manejo, archivo y destino de la documentación de inteligencia, sin que se vislumbre la razón o motivos para ello, sumado a lo anterior la existencia de disposiciones orales o escritas sobre la materia".

"No ha sido factible determinar su destino en razón de la inexistencia de pruebas físicas que permitan sostener su existencia, lo anterior demostrado por la documentación solicitada a DINE y las correspondientes declaraciones testimoniales que avalan dicha documentación", señaló.

En ese sentido, la revisión completa del archivo pasivo de la Dirección de Inteligencia del Ejército confirmó "oficialmente la inexistencia" de archivos correspondientes a los años 1980-1982, "así como una carpeta investigativa referida al expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva".


 

¿Qué pasó?

El documento firmado por el nuevo comandante en jefe del Ejército, asimismo, estableció que no fue posible establecer cómo los documentos se perdieron, "ello en razón a que no existen pruebas físicas de su existencia y de haber existido, no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo y destrucción".

Así es como, añadió el informe, "no resulta factible determinar responsabilidades administrativas  respecto del manejo de la documentación pasiva de DINE", ya que -insiste- "se desconoce la existencia real y efectiva de la documentación que conforma la respectiva investigación".

"En ese sentido, los antecedentes de más antigua data corresponden al mes de abril del año 2001, encontrándose total y absolutamente extinguida cualquier responsabilidad por prescripción de la acción administrativa" (dos años), sentencia.

El documento agrega que "cualquier sanción disciplinaria (…) e incluso la responsabilidad penal por la eventual ocurrencia de un crimen o simple delito (…) resultaría imposible de aplicar", ya que los responsables de la custodia, catalogación, archivo e incineraicón de la documentación, "se encuentran en su totalidad en situación de retiro de la institución" y "resulta de público conocimiento institucional el fallecimiento de varios de ellos".

"Por ello, sin perjuicio del evidente reproche ético y moral que pueden merecernos la ocurrencia de estos hechos, los que obviamente contravienen a la Doctrina Institucional en lo más profundo de su ser, no es posible llegar a otra conclusión que la ya mencionada", cierra.


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