Escucha ahora

Trasnoche ADN


Expertos constitucionales: "Si queremos participación, la Constitución de 1980 no da soluciones"

Marco Contreras y Cristóbal Osorio entregaron en Ciudadano ADN sus impresiones sobre la posibilidad de cambiar la Constitución y los mecanismos que se requieren para ello.

Expertos constitucionales: 'Si queremos participación, la Constitución de 1980 no da soluciones'

Marco Contreras y Cristóbal Osorio. Foto: ADN.cl

Marco Contreras, profesor de Derecho Penal, y Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Público, explicaron en Ciudadano ADN las implicancias de un cambio constitucional, una de las demandas que surgen dentro de la actual crisis política y social que vive Chile.

Cambio que es "indispensable, porque si queremos amplia participación ciudadana, la Constitución de 1980 no nos entrega ninguna solución", según expresaron, ya que el mecanismo actual para cambiar la constitución "es autopoiético: nace de un mensaje del presidente o del Congreso, y se decide en el propio Congreso, la participación ciudadana siempre es demasiado posterior".

En cuanto a las funciones que cumpliría una asamblea constituyente en este proceso, explicaron que "se va a reunir a debatir el contenido de la Constitución", y que "no establece el cierre del Congreso o que determinadas instituciones son anticonstitucionales. Tiene ese único fin", aclarando que "todos esos miedos que pueden surgir son equivocados" y que en los países en los que se han dado procesos similares, el surgimiento de una nueva carta "siempre generó un nuevo ethos y una nueva felicidad a su pueblo".

Los temores a una asamblea constituyente de ciertos sectores, entonces, tendrían más que ver con una "búsqueda de la mantención del status quo, porque una asamblea constituyente bien constituida es un canto a la democracia. Lo que se tiene que decidir es quién y cómo va a participar en la AC porque no hay ninguna ley que lo defina" según la Constitución de 1980, donde "lo que hizo Jaime Guzmán fue establecer una constitución que neutralizara la política" con elementos como quórum calificado o proscripción de partidos políticos. "Seguía imperando el ethos político de la dictadura".

Y precisamente "porque el Tribunal Constitucional ha frenado leyes, todas las modificaciones que impactan a la clase media han sido frenado, hay que cambiar la Constitución", indicaron. "La gente exige una vida digna: mejor salud, mejor pensión. Hoy no se puede porque la Constitución estableció un rol secundario en esas materias, con un estado subsidiario". En cambio, "todas esas discusiones van a tener un buen asidero si cambia la Constitución", con la carta actual "si llegan esos proyectos de ley el Tribunal Constitucional los va a declarar inconstitucional".

Los juristas también se refirieron a la posibilidad, que ya han propuesto algunos sectores políticos, de acusar constitucionalmente al Presidente de la República por su actuación durante la crisis. Para ello, se requiere un mínimo de 10 firmas en la Cámara de Diputados y aprobarse en mayoría simple, pasando luego al Senado que debe aprobarla en mayoría calificada (dos tercios).

"La Constitución es enfática en decir que uno de los mecanismos de control de la acción del presidente es la Acusación Constitucional. Un presidente no puede desatenderse cuando se declara Estado de Excepción, y si en la ciudadanía existen dudas de violaciones a DDHH, yo le veo una viabilidad en ese aspecto", expresó uno de los abogados, agregando que "está dando vueltas en el ámbito académico una ley del 2009, al alero del estatuto de Roma, sobre crímenes de lesa humanidad, donde no solamente responden el militar o carabinero que cometió la violación, sino el jefe que lo haya permitido, 'el que conociendo o debiendo saber'. Cuando uno ve en la prensa cosas como bastones introducidos en el ano, machetazos a personas, todas estas aberraciones, me parece que el poder político y militar no se puede desentender y decir que es una cuestión aislada, debiera tomarse en serio a nivel de precaver su responsabilidad penal".

Igualmente, agregaron que cuando hay violaciones de DDHH, "el orden político tiene que ponerse en entredicho, me parece que es un imperativo ético", y que los reparos relativos a que un fracaso en la acusación reforzaría la imagen del acusado "es una cuestión que debería pasar a segundo plano". Si se interpreta que este escenario "significara una derrota de la calle, es que no entendemos el proceso que se está viviendo. Por un deber de transparencia el Congreso tiene que analizar la forma en que se llevó el toque de queda", agregando que "no podemos ser tan cándidos y no creer que vamos a tener un nuevo estado de excepción, por lo que sería un llamado de atención a las fuerzas públicas y de orden y al Presidente de la República que estamos atentos".

Los abogados finalizaron comentando que "el Estado chileno no está manteniendo el orden público y está violando los DDHH", y agregando que "en Chile estamos frente a una carencia de inteligencia policial aberrante. Todos estos atentados podrían precaverse con una inteligencia más robusta y eficaz". Por eso, creen que "el gran desafío del nuevo Ministro del Interior es el de sacar caricaturas como el financiamiento externo o el enemigo, dar seguridad en la calle y canalizar las demandas política. Es la única forma que Santiago y las regiones vuelvan a vivir en tranquilidad". 

X