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Corte Suprema falló a favor de los vecinos de Puente Alto en caso vertedero La Cañamera

El máximo tribunal del país confirmó que el Fisco, la Municipalidad de Puente Alto y la empresa inmobiliaria a cargo de la construcción de las viviendas de la Villa San Guillermo, deberán pagar 790 millones de pesos a los afectados por vivir al lado del vertedero.

Corte Suprema falló a favor de los vecinos de Puente Alto en caso vertedero La Cañamera
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó que el Fisco, la Municipalidad de Puente Alto y la empresa inmobiliaria Los Silos III, deberán pagar la suma total de 790 millones de pesos a un grupo de vecinos de la comuna que por años vivieron al lado del vertedero La Cañamera.

En el fallo se ratificó la responsabilidad de las entidades por falta de servicio el emplazar las viviendas del conjunto habitacional San Guillermo en un sitio no apto para la edificación.

El abogado representante de los vecinos de las viviendas de Puente Alto, Vladimir González, aseguró en ADN Hoy que "lo que se demandó y ese es el fallo histórico, que por el sólo hecho de vivir en un lugar al lado de un vertedero abandonado, donde la autoridad no evidenció ninguna medida de mitigación y estaba prohibido construir, de la noche a la mañana autoriza construir y se venden casas. Porque es ilógico que alguien compre casa en un lugar al lado de un vertedero".

González aseguró que a los dueños de las casas les dijeron “aquí va a estar el famoso Parque La Cañamera. La gente compró pensando que iba a tener un parque”.  Y agregó que con el fallo “ha quedado demostrado que en ese sector hay una alerta ambiental importante que el Gobierno va a tener que hacerse cargo”.

El fallo acredita la existencia de perjuicio sicológico por vivir al lado de lo que fue el vertedero, del cual emanan malos olores y gas por los ductos de alcantarillado y chimeneas. Según indicó el abogado Vladimir González, "el fallo establece que son cinco millones por propietario" lo que la Municipalidad de Puente Alto, en conjunto con el Fisco y la inmobiliaria Los Silos III deberán pagar a los afectados.

Cabe señalar que el terreno donde se construyeron las casas fue utilizado como vertedero ilegal desde la década del '60, desde 1978 se depositaban residuos industriales de empresas del sector y en 1980 dejó de ser utilizado con esos fines.

En 1985 el terreno fue adquirido por el Estado con la finalidad de destinarlo a la construcción de viviendas sociales y el 24 de octubre del 2003 se produjo una explosión en una de las cámaras de alcantarillado ubicada en el patio de una de las viviendas. En ese momento los vecinos tomaron conocimiento de que sus propiedades se encontraban construidas en un sector aledaño al vertedero La Cañamera.
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